El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha dado un paso significativo al anunciar la creación de una comisión sectorial temporal que tendrá la tarea de analizar si es viable implementar la pena de muerte en casos de violación sexual a menores de edad. Esta decisión responde a la reciente propuesta de la presidenta Dina Boluarte, quien abogó por abrir el debate sobre este tema como una posible solución a un problema social crítico.
Una medida controversial en evaluación
A través de la Resolución Ministerial N.° 0319-2024-JUS, se oficializó la formación de este grupo, que tendrá como objetivo evaluar posibles reformas legales y constitucionales que permitirían ampliar el uso de la pena capital, actualmente limitada a casos de traición a la patria y terrorismo según la Constitución peruana. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento de crímenes sexuales contra menores.
El documento que sustenta esta resolución subraya la importancia de un proceso inclusivo, basado en debates públicos descentralizados y transparentes, donde participen instituciones estatales, la sociedad civil y el ámbito académico. Este enfoque busca garantizar que las conclusiones sean representativas y fundamentadas en un amplio consenso nacional.
¿Cómo funcionará la comisión?
La comisión tendrá tres meses para cumplir sus objetivos, periodo que podría extenderse si se considera necesario. Entre sus funciones destacan:
- Organizar debates regionales.
- Publicar las conclusiones de estos encuentros.
- Presentar un informe final detallado que analice la viabilidad de la propuesta.
Además, contará con el apoyo técnico y administrativo de la Secretaría Técnica de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. Los miembros de la comisión trabajarán ad honorem, subrayando el carácter cívico de esta labor.
Obstáculos legales y políticos
Un posible obstáculo para implementar la pena de muerte es la adhesión de Perú al Pacto de San José, que limita la aplicación de esta medida extrema. Abandonar este tratado implicaría que los ciudadanos peruanos perderían la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un costo que muchos consideran demasiado alto.
La presidenta Boluarte, en recientes declaraciones desde Piura, reafirmó su compromiso con el tema. «Nuestras niñas y niños son intocables, lo más sagrado que tenemos. No debemos temer al debate, sino a que estos crímenes sigan ocurriendo», enfatizó.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado opiniones divididas entre quienes ven en la pena de muerte una solución efectiva y quienes advierten sobre sus implicancias éticas y legales. La discusión está apenas comenzando, pero promete ser uno de los temas más polémicos del año.
