Debemos sumar todos los recursos del sector privado a la estrategia nacional integral de lucha contra la inseguridad ciudadana: personal de seguridad privada, escáneres de personas y placas, cámaras águila. El tráfico vehicular en Lima y en las demás capitales de provincia es un caos; debe debatirse la posibilidad de transferir su gestión a las municipalidades, permitiendo que la policía se enfoque exclusivamente en su labor de seguridad, prevención e investigación criminal.
Se requiere liderazgo político desde los niveles más altos de la estructura del estado y el compromiso de todos los actores. Hay demasiado diagnóstico y pocas medidas efectivas como las siguientes:
- Incrementar rápidamente el número de efectivos policiales, pasando de 133,000 a 200,000. Los policías actualmente encargados de tareas administrativas, de tránsito y de resguardo de infraestructura deberían reasignarse a funciones de seguridad e investigación. Las labores administrativas pueden delegarse a policías en retiro, el control del tránsito a personal civil y el resguardo de infraestructura a las fuerzas armadas.
- Reformar la currícula de las escuelas policiales, ofreciendo incentivos económicos o académicos para atraer a jóvenes con buen perfil. Por ejemplo, podrían otorgarse becas o reconocimientos académicos en universidades de prestigio a quienes opten por servir en la fuerza policial.
- Garantizar la presencia del estado en las calles, carreteras y zonas críticas. En las carreteras y áreas denominadas “zonas rojas” deben implementarse contingentes conjuntos de las fuerzas armadas y la policía de carreteras, enfocados en resguardo y prevención.
- Equipar mejor a la policía, dotándola de tecnología y armamento de primer nivel.
- Crear una división especializada con autonomía presupuestal, conformada por los mejores elementos de la policía, dedicada exclusivamente a la inteligencia y el seguimiento de bandas de crimen transnacional. Esta división, similar al GEIN que combatió el terrorismo, se centraría en desarticular estas bandas y capturar a sus cabecillas. Además, trabajaría en coordinación regional, multinacional y con Interpol.
- Debatir la construcción de megaprisiones o infraestructura penitenciaria y considerar la posibilidad de involucrar al sector privado en parte de esta tarea.
- Implementar soluciones inteligentes en colaboración con empresas de delivery. Por ejemplo, como menciona Hernán Garrido Lecca, cadenas como Rappi cuentan con alrededor de 20,000 repartidores, PedidosYa con una cifra similar, y otras empresas aportan un total estimado de 60,000 motociclistas en Lima y Callao. A estos trabajadores se les debería exigir un carné de sanidad (ya que manipulan alimentos), vinculado a la placa de su motocicleta y a un código QR en su contenedor de productos. Además, podrían contar con acceso a un “botón de alerta” en sus teléfonos inteligentes, para notificar automáticamente a la PNP, al serenazgo y a sus colegas ante delitos flagrantes, activando la geolocalización del informante y facilitando la ejecución de un plan cerco.
