La Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación tras las sospechas de irregularidades en las firmas de la presidenta Dina Boluarte registradas en dos decretos supremos emitidos en julio de 2023. El perito grafotécnico Augusto Arbaiza identificó diferencias entre las firmas auténticas de la mandataria, inscritas en el Reniec, y las que figuran en los documentos oficiales.
Según el análisis, en una de las firmas cuestionadas, los trazos iniciales y finales no coinciden con las características habituales de la rúbrica de Boluarte, lo que ha generado dudas sobre su autenticidad. Los decretos en cuestión incluyen la autorización de un viaje del entonces ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Mathews, y la declaración de emergencia en distritos de Moquegua por la actividad del volcán Ubinas.
Las sospechas surgieron tras conocerse que Boluarte se sometió a dos procedimientos quirúrgicos —una rinoplastia y una blefaroplastia— a finales de junio de 2023. Durante más de diez días, su agenda oficial estuvo en blanco, aunque exfuncionarios han señalado que la mandataria mantuvo reuniones virtuales y estuvo en constante comunicación con el gabinete.
El ex presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, confirmó las cirugías, pero aseguró que no hubo interrupción en las funciones presidenciales. Sin embargo, la ausencia prolongada de actividades oficiales ha alimentado las críticas y cuestionamientos sobre un posible vacío de poder.
El exprocurador Daniel Soria advirtió que, de confirmarse que otra persona firmó en lugar de Boluarte, esto podría configurar el delito de usurpación de funciones. La línea de sucesión establecida por la Constitución no contempla al primer ministro como reemplazo del jefe de Estado, lo que agravaría las responsabilidades en caso de comprobarse las irregularidades.
La investigación también apunta a determinar si hubo consentimiento por parte de la presidenta para que otra persona firmara en su nombre, lo que abriría un nuevo frente de controversia en su gestión.
La autenticidad de las firmas y el manejo de las responsabilidades presidenciales durante el periodo postoperatorio de Boluarte han generado un intenso debate político y jurídico. La resolución de este caso será clave para despejar dudas sobre la transparencia del Ejecutivo y la capacidad institucional de afrontar este tipo de situaciones.
