Opinión

La Polémica de Ani Samanez con los Shipibos

Ani Samanez, conocida diseñadora de modas, rechazó pagar $5,000 que las comunidades shipibas solicitaban por enseñarle sus técnicas ancestrales, argumentando que estos conocimientos deberían ser compartidos gratuitamente, ya que, según ella, le pertenecen por ser peruana.

La reciente polémica entre Ani Samanez y las comunidades shipibas ha encendido un debate sobre el valor del conocimiento ancestral y la apropiación cultural; según las declaraciones, Samanez habría rechazado pagar los $5,000 solicitados por las técnicas de los shipibos, argumentando que, por ser peruana, ese conocimiento también le pertenece. Esta postura no solo es equivocada, sino profundamente irrespetuosa hacia las comunidades originarias y su legado.

El conocimiento ancestral no es gratuito ni público; las técnicas, los saberes y la cosmovisión de las comunidades indígenas no son un bien público que cualquiera puede tomar sin consecuencias; son el resultado de siglos de prácticas, experimentación y transmisión oral, preservadas en condiciones muchas veces adversas.

Pretender que estas tradiciones están a disposición de todos «por ser peruanos» ignora la soberanía cultural de las comunidades y perpetúa una visión donde los derechos de los pueblos indígenas son sistemáticamente invisibilizados.

La cifra solicitada por los shipibos es totalmente razonable, pagar por su conocimiento no es solo una transacción económica; es un acto de reconocimiento y respeto; además, es importante señalar que estos fondos suelen contribuir al bienestar de la comunidad, permitiéndoles preservar su cultura, proteger su territorio y acceder a mejores condiciones de vida.

El argumento de Samanez de que «también le pertenece porque es peruana» es un ejemplo claro de apropiación cultural disfrazada de nacionalismo.

Este razonamiento no solo es falaz, sino peligroso, ya que invisibiliza el derecho de las comunidades a controlar y decidir sobre su patrimonio. Ser peruano no da derecho a apropiarse de los conocimientos de los pueblos indígenas, así como ser ciudadano de un país no otorga derecho a explotar indiscriminadamente sus recursos naturales.

A esto se suma la intervención desatinada de José Forteza, editor de Vogue, quien minimizó el reclamo de las comunidades shipibas.

Comentarios como los suyos demuestran una desconexión con la realidad y una falta de empatía hacia las luchas de los pueblos originarios, perpetuando una narrativa donde las culturas indígenas son vistas como exóticas, pero no como sujetos de derecho.

Este episodio debería ser un llamado a pensar sobre cómo se valoran las culturas originarias en el Perú, respetar a los shipibos significa reconocer su derecho a decidir cómo, cuándo y a qué precio comparten sus conocimientos. Significa rechazar actitudes que perpetúan la exclusión.


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