El Grupo de Diálogo Minero presentó una propuesta para atender la necesidad de una política y un sistema de diálogo y gestión para los conflictos sociales en el país.
“Consideramos que es trascendente no solo para la actividad minera en el Perú, sino para la actividad económica del país en su conjunto. En consecuencia, decidimos trabajarlo como una propuesta de una política pública sobre diálogo y gestión territorial”, señaló Jorge Falla, co-coordinador del Grupo de Diálogo Minero.
Por su parte, Pastor Paredes, director general de Asuntos Socioambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, describió la situación actual de la cual parte el estudio.
En ese sentido, destacó que la institucionalidad generada en las dos últimas décadas para canalizar las demandas sociales se ha visto rebasada por la conflictividad, la gobernanza está en crisis, los derechos de las personas se ven vulnerados y hace falta una mirada transectorial, multidisciplinaria y estratégica de los conflictos.
Solución multiactor
Por ello, el grupo plantea acciones a tomar de manera conjunta por el sector público, privado y también la sociedad civil.
“Hay un problema serio y no podemos enfocarnos solamente en un actor que es el Estado. Todos tenemos un rol, cada uno de nosotros, las empresas y también la sociedad civil organizada”, apuntó Bettina Reyna, consultora principal de Desempeño Social en ERM.
El grupo identificó como principal problema la ilimitada capacidad del Estado, pero también de la sociedad civil y las empresas para transformar las oportunidades, los recursos, los proyectos, incluso los conflictos sociales, en oportunidades para el desarrollo y bienestar de las personas.
“A veces las demandas ciudadanas crecen y crecen, pero el Estado no está fortaleciendo sus capacidades”, anotó Reyna. Por lo que se recomendó que capaciten a sus funcionarios, canalicen adecuadamente los recursos para el cierre de brechas, determinen una hoja de ruta y cumplan los acuerdos establecidos.
Respecto a las empresas privadas, se consideró muy importante que colaboren con el Estado e integren el enfoque de valor compartido a sus actividades.
“Lo que planteamos es la estrategia de ganar-ganar, de valor compartido. Es una estrategia de negocio y lo que busca no es responsabilidad social, sino resolver las necesidades que hay en un entorno, en este caso minero, y convertirlos en una oportunidad para resolverlos y generar un valor también para la empresa”, explicó Miguel Incháustegui, director de Asuntos Sociales y Corporativos de Pan American Silver.
En cuanto a la ciudadanía, se les incentivó a tener mayor participación y representación con diligencia, así como utilizar mecanismos formales de reclamo. De igual manera, se resaltó que pueden ser actores clave para colaborar con el desarrollo.
Desarrollo territorial
Por otro lado, Luis Oré, director ejecutivo en ORASI Consulting Group Inc, enfatizó que es fundamental tener una ruta metodológica que proporcione una estructura clara para guiar las acciones necesarias para alcanzar el desarrollo territorial.
Para ello, Oré describió el proceso estratégico en cuatro fases. La primera es informar y organizarse. La segunda, el diagnóstico participativo para levantar información sobre el territorio. La tercera, la construcción de una visión estratégica. Y finalmente, viene la presentación pública para aprobación.
