El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, no se presentó este lunes a la audiencia judicial en la que se decidirá si se le impone 36 meses de prisión preventiva, tal como lo solicitó el Ministerio Público. Su abogado, Luis Vivanco, admitió durante la sesión que no ha podido establecer contacto con su cliente, lo que generó inquietud sobre su paradero.
La audiencia, liderada por el juez Richard Concepción Carhuancho, es parte de la investigación de una supuesta red de tráfico de influencias conocida como «Waykis en la Sombra». Según la Fiscalía, Nicanor Boluarte sería uno de los cabecillas de esta organización, acusada de usar el aparato estatal para designar prefectos y subprefectos en beneficio del partido político Ciudadanos por el Perú.
Durante la sesión, el abogado Vivanco intentó comunicarse con Boluarte sin éxito, lo que quedó registrado en actas. Por otro lado, otro imputado en el caso, Jorge Ortiz Marreros, reportó problemas técnicos con su cámara, lo que llevó al juez a otorgar una breve pausa. Sin embargo, al reanudarse la audiencia, la ausencia de Boluarte seguía siendo evidente.
Vecinos de la vivienda de Boluarte en San Borja declararon que no lo han visto en días recientes, mientras que la última imagen pública de él fue captada durante una sesión virtual desde un vehículo, según reportó el programa Cuarto Poder.
El juez Concepción Carhuancho rechazó previamente la aplicación de la Ley 32108, argumentando que esta nueva norma sobre crimen organizado es inconstitucional y favorece a funcionarios implicados en delitos contra la administración pública. En la audiencia, destacó que los cargos contra Boluarte cumplen los requisitos para una prisión preventiva: graves elementos de convicción, una posible pena mayor a cinco años y un evidente riesgo procesal.
El Ministerio Público acusa a Nicanor Boluarte de liderar una presunta red dedicada al tráfico de influencias, mientras que la defensa sostiene que su cliente ha demostrado arraigo suficiente y que las acusaciones son infundadas. La presidenta Dina Boluarte, por su parte, ha defendido públicamente a su hermano, negando cualquier vinculación de él con su gobierno o con actividades ilícitas. “Mi hermano no participa en ninguna organización ni utiliza recursos del Estado”, enfatizó.
El caso sigue generando controversia, mientras se espera que el juez tome una decisión definitiva sobre la prisión preventiva en las próximas horas.
