Una oleada de críticas ha desatado el pase al retiro de aproximadamente 750 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), anunciado como una medida “excepcional” según fuentes de Panamericana televisión; analistas y expertos señalan que esta decisión podría estar impulsada por intereses políticos, ya que entre los nombres destacados para su salida figura el del coronel Harvey Colchado.
La ejecución de estos retiros ha recaído en el ministro del Interior, Juan José Santivañez, aunque se especula que habría consenso con la presidenta Dina Boluarte. El especialista en temas de seguridad, Pedro Yaranga, advierte que en los últimos años, los grupos de élite de la PNP han sido objeto de ataques sistemáticos y aparentemente injustificados, los cuales podrían tener motivaciones políticas más que operativas.
El general José Baella, exjefe de la Dirincri, ha expresado su preocupación por la falta de un marco legal que permita llevar a cabo retiros excepcionales, advirtiendo que la ley no respalda esta práctica, lo cual expone al gobierno a acusaciones de actuar fuera del marco de la legalidad.
Entre los posibles retirados también figura el coronel Walter Lozano, además de Colchado, conocido por su liderazgo en el allanamiento a la residencia presidencial en el caso Rolex. Según una investigación de la Fiscalía, el exabogado de Boluarte, Mateo Castañeda, habría intentado influir en Colchado ofreciéndole estabilidad en su cargo a cambio de frenar una investigación en curso sobre un allegado a la presidenta.
Otro elemento que ha generado controversia es la revelación del capitán Junior Izquierdo, quien presentó audios en los que se escucha al ministro Santivañez hablar sobre la desactivación de la Diviac y otros temas relacionados con la presidenta. Aunque el ministro ha negado que la voz sea suya, Izquierdo sostiene que se reunió con él y que la información recibida en esa ocasión apunta a intereses que van más allá de la seguridad pública.
Este retiro masivo y su carácter “excepcional” dejan una estela de interrogantes sobre las verdaderas motivaciones del gobierno, sugiriendo que estas acciones podrían estar dirigidas a controlar los hilos internos de la PNP para proteger intereses políticos, mientras la seguridad y transparencia quedan en segundo plano.
