Delia Espinoza Valenzuela juró este viernes, 8 de noviembre, como nueva fiscal de la Nación para el periodo 2024-2027, tras ser escogida por la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público el pasado 18 de octubre.
En su discurso de asunción del cargo, ha declarado que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que otorga poderes investigativos a la Policía Nacional del Perú. Esta norma, aprobada recientemente por el Congreso y sin oposición del gobierno de Dina Boluarte, ha levantado polémica entre los expertos.
Desde que esta ley se discutía en el Parlamento, los fiscales han expresado su desaprobación, considerando que compromete las funciones constitucionales del Ministerio Público al reducir sus competencias. No es sorpresa entonces que se esté preparando una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32130, como lo anunció Delia Espinoza en una conferencia de prensa tras asumir su cargo.
“El Ministerio Público, tras un análisis riguroso, tiene la autoridad para observar o cuestionar las leyes vigentes. Esta no es una discrepancia arbitraria o política. Si existe alguna objeción, es desde un punto de vista técnico y jurídico. Como es de conocimiento público, ya hemos emitido comunicados anticipando la aprobación de la Ley 32130”, señaló Espinoza.
La fiscal recordó que, según la Constitución, es el fiscal quien debe dirigir las investigaciones. “El artículo 159, numeral 4, de la Constitución Política del Perú, establece que quien conduce la investigación es el Ministerio Público, el fiscal del caso. La ley ya ha sido aprobada, y nadie puede negarse a cumplirla. Sin embargo, se está preparando una demanda de inconstitucionalidad. Debemos ser realistas y respetuosos de las funciones de cada institución. No se trata de una confrontación”, explicó.
Bajo el mando interino de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, la institución ya había manifestado su oposición a esta norma, argumentando que limita las funciones del Ministerio Público. Además, señalaron que la Policía Nacional del Perú (PNP) carece de la capacidad necesaria para liderar investigaciones, lo cual, a largo plazo, podría perjudicar los procesos judiciales.
No obstante, a pesar de la oposición conocida, la nueva fiscal de la Nación enfrenta un reto considerable, ya que se enfrenta a una mayoría en el Congreso que impulsó esta norma y que ha dejado claro que no retrocederá.
Hace dos semanas, José Cueto, Fernando Rospigliosi y Alfredo Azurín presentaron una denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la junta de fiscales supremos: Delia Espinoza, Pablo Sánchez, Juan Carlos Villena y Zoraida Ávalos. Los parlamentarios argumentan que los fiscales abusaron de su autoridad y cometieron prevaricato al emitir un reglamento contrario a la norma que devuelve las facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú (PNP).
El 14 de octubre, tras la oficialización de la ley que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares a la PNP, el Ministerio Público emitió un comunicado anunciando la publicación de un reglamento para uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación de delitos, en coordinación con la PNP. Esta medida es temporal, mientras el Tribunal Constitucional resuelve si esta ley es constitucional o no.
Expertos advirtieron que la norma podría perjudicar futuras investigaciones. El exfiscal supremo, Martín Salas, alertó que a largo plazo podría generar juicios inválidos por la falta de garantías. “Si la policía dirige las diligencias preliminares, existe el riesgo de que se realicen acciones de investigación sin la presencia del fiscal. Claramente, esas investigaciones no podrán ser utilizadas en un juicio, ya que carecen de las garantías necesarias que son la presencia del defensor de la legalidad, es decir, el Ministerio Público”, declaró en una entrevista a RPP.
