El Poder Judicial declaró infundada la variación de domicilio solicitada por la defensa de Yenifer Paredes Navarro, cuñada del expresidente Pedro Castillo, investigada por el presunto delito de organización criminal en el Caso Anguía.
La decisión, según informa el Poder Judicial en sus redes sociales, fue emitida por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del magistrado Raúl Justiniano.
La defensa técnica de Paredes argumentó que, por razones laborales, se requiere variar el domicilio de la investigada del distrito de Chorrillos, en Lima, a un inmueble en el distrito de Chota, en Cajamarca.
Durante la audiencia para revisar este pedido (presentado el 30 de octubre), el Ministerio Público expresó su oposición, por considerar que carece de sustento fáctico y podría incrementarse el riesgo de obstaculización de la investigación.
En tanto, la defensa legal de Paredes presentó un contrato de arrendamiento de habitación y un contrato de trabajo para sustentar su pedido. La mujer procesada, a su vez, dijo que, por temas de salud, no puede seguir hospedándose en la casa de sus parientes en el distrito limeño de Chorrillos, y pidió que no se le restrinja el derecho al trabajo.
Antecedentes
Yenifer Paredes está comprendida en una investigación que realiza el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder a la exprimera dama, Lilia Paredes, y a sus hermanos, por un presunto favorecimiento con licitaciones públicas en el Caso Anguía, durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.
En las investigaciones también está implicado el exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina.
Por este caso, Paredes cumplió una prisión preventiva en agosto de 2022, decisión que revocada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional que dispuso la comparecencia con restricciones.
Entre las restricciones impuesta por la sala están las de no ausentarse del lugar de residencia ni variar el mismo sin previa autorización escrita del Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo del caso y comunicación previa al Ministerio Público.
