Los vecinos del club Los Girasoles de Huampaní han denunciado la tala masiva e injustificada de más de 50 árboles centenarios en el interior del club, lo que ha generado indignación y preocupación en la comunidad.
Según los testimonios, el hecho fue perpetrado por trabajadores de la Municipalidad de Lima, quienes ingresaron al lugar sin presentar ninguna orden judicial, memorando, o documento que justificara la intervención.
«Parecía que estaban aceptando retirarse, pero después ingresaron con la fuerza; nos apabullaron, nos pusieron en una esquina y comenzó la destrucción total», relató uno de los socios del club, quien además señaló que, al reclamar a los trabajadores, estos solo se limitaron a decir que contaban con una orden municipal, sin brindar más detalles o pruebas de su legalidad.
Este acto ha sido calificado por los denunciantes como un atentado ecológico sin precedentes, debido a la antigüedad y valor ambiental de los árboles talados.
La destrucción de estos gigantes, que habían sobrevivido por más de un siglo, no solo afecta gravemente el paisaje, sino que también tiene un impacto directo en el ecosistema local, dado que los árboles centenarios juegan un papel crucial en la purificación del aire, la absorción de CO2, y el equilibrio climático de la zona.
Hasta el momento, los vecinos exigen una explicación clara y la presentación de los documentos oficiales que justifiquen esta acción; la falta de transparencia en el proceso ha generado desconfianza y un creciente malestar en la comunidad, que pide que se esclarezcan los motivos detrás de este lamentable hecho y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares se repitan.
La tala de árboles sin una justificación válida no solo constituye una agresión al medio ambiente, sino que también vulnera el derecho de los ciudadanos a proteger su entorno y a recibir información transparente sobre las acciones que afectan su calidad de vida. Este hecho pone de relieve la urgencia de preservar los espacios verdes y tomar medidas efectivas para sancionar a los responsables de actos que atenten contra la naturaleza.
Las autoridades deben responder de manera contundente y esclarecer los hechos, para que se haga justicia por la destrucción de un patrimonio natural que pertenece a toda la comunidad.
