En medio de una creciente crisis de inseguridad, los bodegueros en Perú enfrentan una situación crítica. Según Gisela La Cruz, gerente general de la Asociación de Bodegueros del Perú, la extorsión y la violencia no son nuevos problemas para el sector.
«Esta crisis no es reciente. Desde el año pasado ha llevado al cierre de unas 3,000 bodegas», explicó La Cruz en una entrevista con Exitosa Noticias. A nivel nacional, existen aproximadamente 53,000 bodegas, muchas de ellas pequeños negocios familiares que buscan mejorar su economía.
Durante una reunión con autoridades del Ejecutivo, La Cruz detalló las dificultades que enfrentan los comerciantes. La constante amenaza de los extorsionadores ha creado un ambiente de miedo, donde muchos prefieren no denunciar por temor a represalias. «Nos sentimos desprotegidos. ¿Quién nos defiende? No tenemos una protección real», manifestó.
A pesar de reuniones previas con el Ministerio del Interior, la situación sigue deteriorándose. La Cruz cuestionó la falta de acciones concretas y urgentes por parte del gobierno. «Hemos lanzado campañas para trabajar en paz, pero cada día hay más casos de extorsión», agregó.
Las zonas más afectadas son Lima Norte y Trujillo, donde los bodegueros han perdido la confianza en la policía y sienten más respaldo de su propia asociación. «Están desmotivados, frustrados, y algunos piensan en hacer justicia por su cuenta. No podemos permitir que la delincuencia domine nuestras vidas. La seguridad de los emprendedores y sus familias es esencial», concluyó.
El impacto de la violencia quedó nuevamente en evidencia el pasado 16 de octubre en Ate, cuando una comerciante sufrió un ataque de extorsionadores que, tras varios disparos y una explosión, dejaron su negocio destrozado. Los criminales exigen 30,000 soles, una suma que la víctima se niega a pagar, lo que la ha obligado a cerrar su bodega y buscar refugio en otro lugar.
El mensaje intimidante de «plata o plomo» fue dejado por los atacantes, quienes ya habían atentado contra el negocio en dos ocasiones anteriores. Aunque se presentó una denuncia en la comisaría de Huaycán, las acciones policiales no fueron suficientes para detener los ataques, dejando a la comerciante y a sus vecinos sumidos en el miedo y la incertidumbre.
«Vivimos en un país donde las autoridades no hacen nada por nuestra seguridad», comentó un residente, preocupado por la situación en la zona. Otro vecino expresó su angustia, especialmente como madre: «Es aterrador ver cómo la inseguridad crece. Mis hijos salen a trabajar y temo por sus vidas cada día».
