Por Jaime de Althaus para Lampadia
La demanda por seguridad es esencialmente liberal-conservadora, de derecha. Desde Hobbes, el contrato social liberal consiste en cederle al Estado recursos y soberanía para que proteja la seguridad, la vida, la propiedad y la libertad de los ciudadanos.
Sin embargo, ha sido la izquierda la que logró montarse en el reclamo por seguridad de los transportistas informales, dándoles la bandera de la derogatoria de la ley 32108 de crimen organizado y el archivo el proyecto sobre terrorismo urbano.
Y, ante la negativa del Congreso de procesar ambos pedidos, esas dirigencias anunciaron la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha para juntarse con otras organizaciones y armar una movilización nacional para “que se vayan todos”.
Pasaron a un proyecto político mayor. Julio Campos, el dirigente visible, está inscrito en A.N.T.A.U.R.O. Aunque luego otro gremio de informales, dirigido por Giovanni Diez, ha convocado a un paro nacional para el 12 de noviembre, pero con demandas más moderadas: ya no piden derogar, sino modificar la ley 32108.[1] Habría que preguntarse a cambio de qué. ¿De legalizar los colectivos en Lima?
Lo cierto es que, desde la izquierda, pero también desde sectores empresariales ya se había difundido la percepción de que la nueva ley sobre organizaciones criminales favorecía al crimen organizado, y particularmente a las extorsiones, porque las excluía del tipo de organización criminal dado que, prima facie, una extorsión no se ejecuta para controlar la cadena de valor de una economía ilegal, como define la ley.
Pero Humberto Abanto sostiene que la organización criminal sí se aplica a las extorsiones porque estas forman un circuito de creación de rentas ilegales, es decir, una economía ilegal.
Carlos Caro agrega que la extorsión ni siquiera necesita de la ley en cuestión porque tiene una ley propia que le pone una pena que puede llegar a la cadena perpetua.
O sea que estamos ante un falso problema.
Como fuere, en los hechos lo que ocurrió fue que las bancadas de centroderecha (más Perú Libre) defendieron la ley, poniéndose en una posición contraria a la movilización, regalándole la bandera a una izquierda que nunca ha defendido ese tema. En este asunto los papeles se invirtieron: mientras la derecha defiende una ley más “garantista” en la medida en que restringe el tipo para no abusar de él contra cualquier junta de tres o más personas o contra partidos políticos -aunque la redacción es muy mala y de difícil aplicación-, la izquierda ataca la ley con el argumento de que protege a los delincuentes (agregándose a otras leyes vistas como instrumentos para proteger a congresistas o políticos acusados).
Y en lo relativo al proyecto de ley que crea el delito de terrorismo urbano, allí la oposición viene claramente de la izquierda, presumiendo que pueda ser usada contra quienes bloquean vías o se movilizan. Aquí la izquierda regresa a su propia naturaleza.
La centroderecha tiene que encabezar la demanda por seguridad y justicia. Esa es su vocación más profunda. Tiene que encontrar las propuestas para ello, comenzando por reunirse con los dirigentes y analizar el fenómeno.
Lo primero es distinguir entre los transportistas formales y los informales. Los formales quieren seguridad. Hay que centrarse en eso.
Los informales reclaman seguridad, pero obtienen la protección de probables extorsionadores (“chalecos”) contra los fiscalizadores de la ATU, a quienes atacan, y por eso esas fiscalizaciones se hacen ahora con el apoyo de la PNP.
Es decir, estos informales están al margen del contrato social, que está por construirse, y la manera de hacerlo es simplificando los requisitos para la formalización, al mismo tiempo que se aplica la ley para retirar de las calles las unidades rebeldes, y a los colectivos. Pues existe consenso en que no se puede formalizar a los autos colectivos, porque son inseguros y agravan el caos y la congestión vehicular. Lima necesita unidades de transporte grandes. Y necesita que se ordene y formalice el transporte público, reduciendo y optimizando el número de rutas. Esa es la famosa reforma del transporte que nunca se hizo, responsabilidad ahora de la ATU.[2]
Según fuentes de la ATU, en lo que va del año se ha intervenido a 32 mil vehículos, entre combis, taxis, van o automóviles que hacen colectivo, que son llevados a los depósitos. Héctor Vargas, presidente del gremio formal más importante, cuestiona esas cifras, porque señala que ello no se percibe en las calles. Señala que hay 22 mil unidades formales, y 15 mil informales, incluyendo autos colectivos.
Entonces una pregunta que cae por su propio peso es si la movilización de los gremios informales es solo por seguridad contra los extorsionadores o también contra la ATU o el Estado en general. Esto hay que dilucidarlo.
El que un sector haya moderado sus demandas podría indicar que en el Congreso les ha ofrecido formalizar a los colectivos. Sería lamentable.
[1] Ver el comunicado de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal, que integra a informales.
[2] La ATU señala que aplica multas de hasta 10 o 20 mil soles, para que se formalicen si son taxis o combis, o disuadirlos de seguir operando, cuando se trata de van o autos colectiveros. Pero los depósitos ya no dan más, y se requiere chatarrear. Desde enero solo se ha chatarreado 50 combis o custers muy antiguas con multas muy abultadas que no habían pagado, aunque ya se ha dictado medidas para acelerar el chatarreo.
