La semana pasada los limeños tuvimos una ciudad parada, primero por el feriado del 8 de octubre y luego por los tres días del paro de transportistas. A pesar de las declaraciones de diversos voceros del gobierno, como el ministro de educación Morgan Quero, quienes minimizaron las consecuencias del mismo, lo cierto es que la mayoría de trabajadores tuvieron dificultades para llegar a sus centros de labores. La actividad económica de Lima, que representa casi el 50% del país, se redujo considerablemente.
Puedo asegurar que la mayoría de nosotros está de acuerdo con las exigencias de los transportistas, más seguridad para todos, pero no con los métodos empleados. Lamentablemente en nuestro país, se ha hecho costumbre que las autoridades no escuchen los reclamos de empresarios, sindicatos y ciudadanía en general, si no hay una medida de fuerza como un paro o toma de carreteras.
Pero es necesario analizar más allá de lo que muestran los medios, para encontrar la verdadera lucha de intereses detrás de este paro de transportistas.
Los gremios que convocaron al paro la semana pasada, exigen al gobierno que se apruebe la ley de terrorismo urbano y que el legislativo derogue la ley 32108 llamada ley de Crimen Organizado. Cabe recordar que las empresas de transporte público han sido víctimas en los últimos meses de extorsiones y sicariato, hasta llegar a un punto donde era insostenible su continuidad comercial y responsabilizan equivocadamente a esta ley de todos sus males.
La ley 32108 promovida por el “cerronismo” y apoyada por diversas bancadas en el congreso como Fuerza Popular y APP, establece los procedimientos para adoptar medidas de limitación de derechos en investigaciones preliminares y dispone que los allanamientos deban realizarse en presencia del investigado y su abogado, un absurdo por donde se le mire. La ley 32108 también modifica la anterior ley 30077 de crimen organizado, que entre otras cosas le permitió a la fiscalía perseguir a los enemigos ideológicos de los caviares. ¿Recuerdan el caso del ex presidente Kuczynski, en donde la fiscalía lo acusó de pertenecer a una organización criminal por ser más de tres miembros junto con su secretaria y su chofer?
De acuerdo a nuestro análisis, el congreso ha dado esta ley para quitarle poderes a la fiscalía tomada por los caviares y así proteger sus intereses partidarios. De otra manera no se entiende el nuevo requerimiento de contar con la presencia del investigado y su abogado en los allanamientos. Sin embargo, estas modificaciones poco tienen que ver con los reclamos de los gremios de transporte en cuanto a las amenazas de extorsión que padecen desde hace años. Tampoco se relacionan de manera directa con los actos de sicariato que sufren casi a diario. El problema de la inseguridad ciudadana ha ido creciendo desde hace años y difícilmente es consecuencia directa de esta ley 32108 promulgada en agosto.
Todo el país, no solo los transportistas, sufre un incremento de la delincuencia de manera exponencial. Los robos, extorsiones, asesinatos, atentados etc. se dan todos los días sin que las autoridades hagan algo al respecto. Lejos de tener una estrategia coordinada entre los entes que administran justicia como la fiscalía, la policía y el poder judicial, cada uno le echa la culpa al otro por sus fracasos.
La policía asegura que ellos atrapan a los delincuentes pero que luego la fiscalía los deja ir. La fiscalía argumenta que ellos ponen a los criminales a disposición del Poder Judicial y los jueces los sueltan. Sea quien sea que esté haciendo mal su trabajo, el resultado es el mismo: el crimen no paga, los que pagamos somos los ciudadanos. Todos los días vivimos en un ambiente de miedo y zozobra, sin tener la seguridad que vamos a regresar vivos a nuestras casas.
Para ser honestos, no podemos sorprendernos que todo esto esté sucediendo. Tenemos a la cabeza del Ejecutivo a una presidenta comunista con capacidades limitadas y más preocupada en su supervivencia política que en dirigir el país. El Congreso ha abdicado su rol fiscalizador y se ha convertido en un gran lobby donde los congresistas manejan la agenda legislativa de acuerdo a sus intereses personales. La fiscalía hace años dejó de ser el ente encargado de perseguir el delito, para convertirse en una organización criminal que persigue a los enemigos políticos de los caviares. Finalmente, la policía y el Poder Judicial dejaron de impartir justicia desde hace muchos años y se transformaron en mercaderes que venden sus servicios al mejor postor.
A pesar de lo grave que es la situación en la que nos encontramos, siempre hay una esperanza que las cosas mejoren. Miremos el caso de El Salvador. Este país de Centroamérica era uno de los más peligros del mundo, con una tasa de 103 homicidios por 100,000 habitantes en el año 2015 a tener hoy día 2,4 homicidios por 100,000 habitantes, gracias a las políticas de mano dura implementadas por su presidente Nayib Bukele.
Quiero usar una frase del presidente Bukele que grafica nuestra realidad: “Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino, porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno.”
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