En la audiencia donde se analiza la solicitud de prisión preventiva en su contra, Jorge Barata, antiguo ejecutivo de Odebrecht en Perú, lanzó graves acusaciones contra la Fiscalía. Barata afirmó que ha sido objeto de presiones para alterar su testimonio en la investigación sobre el Gasoducto Sur Peruano.
Durante su intervención el pasado 30 de septiembre, Barata aseguró que el hecho de haber sido incluido en las investigaciones a última hora, junto con el pedido de prisión preventiva, son intentos claros de la Fiscalía para obligarlo a mentir sobre su participación en el caso.
«Ser involucrado de manera repentina en la investigación, junto con esta solicitud de prisión preventiva, es una estrategia de presión para que yo falsifique mi testimonio en relación con el Gasoducto Sur Peruano. No me dejaré intimidar y no mentiré, aunque eso ponga en riesgo mi libertad. Exijo justicia», declaró Barata, visiblemente afectado por la situación.
Desde que comenzó su colaboración con las autoridades en 2016, Barata ha aceptado su responsabilidad en los casos que se le han presentado y ha entregado información relevante a la Fiscalía. Sin embargo, denunció que la institución ha violado los acuerdos pactados en Brasil y Perú, particularmente aquellos relacionados con su inmunidad judicial, la cual le fue garantizada mediante un acuerdo de colaboración eficaz.
Según Barata, «la Fiscalía ha incumplido su parte del trato, ignorando mi inmunidad judicial y el acuerdo de colaboración eficaz que firmé con las autoridades peruanas». Estas declaraciones ponen en duda la imparcialidad del proceso judicial en su contra, el cual ha escalado tras la reciente decisión del Equipo Especial Lava Jato de incluirlo en la investigación preparatoria del caso Gasoducto Sur Peruano. Esta decisión, impulsada por la fiscal provincial Norma Geovana Mori Gómez, ha llevado a la solicitud de 36 meses de prisión preventiva para Barata, argumentando que su acuerdo de colaboración eficaz fue revocado a petición del Ministerio Público.
La Fiscalía acusa a Barata de complicidad en colusión agravada, señalando que facilitó la adjudicación del Gasoducto Sur a Odebrecht. Además, el Ministerio Público subraya que en declaraciones anteriores, Barata no ha admitido los hechos que son objeto de investigación, lo que se considera una violación del acuerdo de colaboración eficaz. La situación se complica aún más con el testimonio de José Alejandro Graña Miro Quesada, quien también implicó a Barata en delitos relacionados con el proyecto.
En paralelo, la Fiscalía ha propuesto utilizar los audios y videos de las declaraciones previas de Barata, ante la negativa de los exdirectivos de Odebrecht de testificar en el juicio contra Ollanta Humala. Estas grabaciones, tomadas durante la etapa de investigación, son esenciales para sustentar las acusaciones sobre los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht a la campaña del expresidente.
