En los últimos meses nuestro país ha visto un preocupante incremento en los casos de extorsión, violencia y asesinatos, especialmente en áreas urbanas, estos actos no solo están dirigidos contra comerciantes, sino que también afectan al sector del transporte público, donde trabajadores y empresarios son blanco de bandas criminales; es así que, el terrorismo urbano ha tomado una nueva forma: el crimen organizado utiliza tácticas de intimidación y violencia para controlar sectores económicos y exigir el pago de «cupos» o extorsiones.
Tradicionalmente, el terrorismo urbano ha sido definido como el uso de la violencia o el miedo en zonas metropolitanas para lograr objetivos políticos o sociales, sin embargo, en Perú, este concepto ha evolucionado debido a la creciente actividad de organizaciones criminales que actúan dentro de las ciudades con bandas delincuenciales que se enfocan en generar terror y someter a sus víctimas, quienes se ven obligadas a pagar extorsiones bajo amenaza de muerte o destrucción de sus negocios.
El sector del transporte público ha sido uno de los más afectados; conductores y empresarios son obligados a pagar grandes sumas de dinero a cambio de «protección», y aquellos que se niegan a hacerlo enfrentan terribles consecuencias. Ya es común leer en los titulares sobre ataques a buses o asesinatos de conductores que no cumplieron con las exigencias de los extorsionadores.
Además de los transportistas, los pequeños comerciantes también están bajo constante amenaza; los mercados, las tiendas y otros establecimientos han sido blanco de ataques violentos, con criminales imponiendo su ley mediante el miedo afectando no solo la economía local, sino que, también generando una atmósfera de inseguridad generalizada, paralizando el desarrollo de comunidades enteras.
Aunque la motivación de estos grupos es política, las tácticas que utilizan para infundir miedo y controlar a la población urbana cumplen con muchos de los criterios del terrorismo urbano.
Se busca, principalmente, someter a través del terror, utilizando la violencia para garantizar el cumplimiento de sus demandas económicas; esta violencia sistemática no solo afecta a individuos, sino que desestabiliza sectores completos de la sociedad, un objetivo compartido con el terrorismo tradicional.
En respuesta a esta creciente amenaza, las fuerzas de seguridad han intensificado sus esfuerzos para desarticular a las bandas criminales, pero la magnitud del problema ha demostrado que las soluciones no pueden ser únicamente policiales; es necesario un enfoque integral que incluya políticas de desarrollo económico y una mayor inversión en la seguridad de los ciudadanos.
El terrorismo urbano en nuestro país ha adoptado una nueva y peligrosa cara con el auge del crimen organizado en áreas urbanas. La violencia y las extorsiones que sufren comerciantes y transportistas son una amenaza para el bienestar social y económico del país y es necesario que tanto las autoridades como la sociedad civil trabajen juntos para combatir este fenómeno y exista seguridad a las calles peruanas.
Este tipo de violencia no puede ser tolerada y debe ser enfrentada con firmeza, mano dura y de manera estratégica.
Combatir el terrorismo urbano es hoy más que nunca una prioridad para asegurar la paz y el desarrollo del Perú.
