El expresidente Pedro Castillo se enfrentará a juicio por los presuntos delitos de rebelión y conspiración vinculados al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La decisión fue tomada por el Poder Judicial durante una audiencia virtual de control de acusación. El juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó los pedidos de sobreseimiento presentados por la defensa del exmandatario, lo que deja a Castillo y a varios de sus exministros en la mira de la justicia.
En esta misma audiencia, también se determinó que los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez deberán enfrentar un juicio oral. Esta resolución es definitiva y no admite apelación.
Fiscalía pide penas severas
La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión para Pedro Castillo, mientras que para Betssy Chávez ha pedido 25 años y para Aníbal Torres, 15 años. Este proceso judicial, que comenzó con la presentación de la acusación en enero, se encuentra en la fase de control de acusación, donde se analizarán las pruebas y los testimonios antes del juicio formal.
Además de Castillo, Torres y Chávez, también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, así como tres oficiales de la Policía Nacional del Perú: Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Las solicitudes de archivo de los casos de estos acusados fueron igualmente denegadas por el juez.
Próximos pasos en el proceso judicial
La próxima audiencia, programada para el 17 de septiembre, abordará la lista de testigos propuestos por la Fiscalía. Una vez concluida esta etapa, el juez Checkley emitirá una resolución que marcará el inicio oficial del juicio, el cual será derivado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema.
Más cargos en contra de Castillo
Además de los cargos por rebelión y conspiración, el expresidente enfrenta acusaciones por corrupción durante su mandato, donde se le señala como líder de una organización criminal. Por estos delitos, la Fiscalía ha solicitado una pena adicional de 36 meses de prisión preventiva y proyecta condenas que superan los 31 años en total. Estas condenas incluyen 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias, y 6 años y 4 meses por colusión.
En julio, el Poder Judicial decidió mantener a Castillo en prisión preventiva mientras se procesan los cargos en su contra, incluyendo los de rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público, destacando el peligro de fuga del acusado.
Castillo insiste en su inocencia
Desde el día de su arresto, Pedro Castillo ha defendido su inocencia, argumentando que su discurso del 7 de diciembre de 2022 no constituyó un delito y que solo se limitó a leer un documento sin consecuencias prácticas. A pesar de ello, el Código Penal peruano define la rebelión y la sedición como delitos graves contra el orden constitucional, con penas que van desde 4 hasta 20 años de prisión, además de la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
