El silencio del gobierno peruano, liderado por Dina Boluarte, ha generado críticas en toda Latinoamérica. Esto ocurre tras la decisión del régimen de Nicolás Maduro de revocar el permiso a Brasil para custodiar la Embajada de Argentina en Caracas, una medida que ha sido condenada por varios países de la región. El asedio de las fuerzas de seguridad del régimen venezolano a la sede diplomática argentina, donde se refugian seis opositores venezolanos, ha desatado una ola de rechazo internacional.
Uruguay calificó esta acción como una “violación a la normativa internacional” y denunció un «avasallamiento de los derechos» de los asilados venezolanos. Estados Unidos, a través de su subsecretario de Estado, Brian Nichols, expresó su apoyo incondicional a Brasil y Argentina. Panamá, Chile, y otros países también se unieron al repudio, señalando la violación de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares.
Mientras tanto, el recién nombrado canciller peruano, Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, se ha mantenido en silencio, a pesar de la gravedad de la situación. Durante una reciente entrevista, Schialer Salcedo expresó que «los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos,» lo que marcó una postura distinta a la de su predecesor, Javier González Olaechea, quien criticó abiertamente la decisión de Maduro.
Por su parte, el excanciller González Olaechea no tardó en alzar su voz. A través de su cuenta en X, aseguró que el retiro del beneplácito a Brasil es una «despreciable cobardía» por parte del régimen venezolano. Su declaración contrasta fuertemente con la posición ambigua del actual gobierno peruano, que sigue sin pronunciarse de manera firme sobre el tema.
La comunidad internacional espera un posicionamiento claro por parte de Perú, que hasta ahora se mantiene al margen, en un momento donde el respaldo a la democracia y los derechos humanos debería ser indiscutible.
