La administración Biden está considerando sanciones contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) si este valida el fraude electoral perpetrado por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder en Venezuela.
La Casa Blanca también podría tomar medidas contra los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya declaró la victoria del dictador chavista sin presentar una sola prueba que demuestre la derrota de Edmundo Gutiérrez Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición al régimen populista.
El Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional están colaborando para imponer sanciones a los funcionarios judiciales que carecen de independencia institucional y actúan bajo las órdenes directas de Maduro.
Estas sanciones, que podrían incluir desde la apertura de investigaciones por corrupción hasta la cancelación de visas, se implementarán si el TSJ confirma la reelección de Maduro. En el caso del CNE, se considera sancionar a sus miembros por facilitar otro fraude en Venezuela.
Nicolás Maduro y el presidente del CNE, Elvis Amoroso, son cómplices en el fraude electoral cometido en las elecciones presidenciales de Venezuela.
La lista inicial de posibles sancionados también podría incluir a oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuya primera versión fue elaborada por el Departamento del Tesoro y enviada al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad de la Casa Blanca.
La inclusión de los militares y personal de seguridad tiene un objetivo político: si Estados Unidos planea castigar a los responsables materiales del fraude electoral, es lógico que también incluya a los represores ilegales de Maduro que asesinan, golpean y torturan a la oposición.
En los próximos días, funcionarios clave del Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional definirán la lista de posibles sancionados, en previsión de un fallo del TSJ a favor de Maduro.
En cuanto a los posibles sancionados del TSJ, la Casa Blanca está considerando sanciones para Caryslia Beatriz Rodríguez, Fanny Beatriz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta, quienes responden directamente a Maduro y están listos para validar uno de los mayores fraudes en la historia de América Latina.
El antecedente político que respaldará la eventual decisión del TSJ fue el hecho por el CNE, que horas después de las elecciones del 28 de julio, nunca mostró las actas originales y siempre favoreció a Maduro, a pesar de la presión de la ONU, la OEA y la Unión Europea que todavía exigen transparencia en los comicios.
En este contexto, los miembros del CNE también serían sancionados por proclamar la victoria ilegal de Maduro sobre González Urrutia y María Corina Machado.
Los cinco integrantes del CNE bajo sospecha de Estados Unidos son:
- Elvis Amoroso, presidente del CNE
- Carlos Quintero, vicepresidente del CNE
- Rosalba Gil, rectora principal del CNE
- Acmé Nogal, rectora principal del CNE
- Juan Carlos Delpino, rector principal del CNE
Estados Unidos coordina esfuerzos con Brasil, Colombia y la UE para lograr que Maduro reconozca su derrota. Además, la administración Biden mantiene un canal de comunicación con el régimen populista para establecer una mesa de negociación con González Urrutia y María Corina Machado.
Sin embargo, Maduro resiste apoyado por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y la represión ilegal en las calles de Venezuela. Desde esta perspectiva, las medidas que se están estudiando en la Casa Blanca buscan debilitar el apoyo interno a Maduro y facilitar una transición democrática.
El dictador ya sabe que Washington prepara acciones contra ciertos funcionarios de su régimen y no dará un paso atrás.
En las próximas horas, el Tribunal Supremo podría ratificar la reelección de Maduro, lo que desencadenaría las sanciones que Biden tiene preparadas contra los cómplices más leales a Maduro, en una dinámica política que no es nueva en la historia de Venezuela.
