En un país donde la lucha contra la criminalidad es una prioridad constante, el caso del policía Marlon Erick Villegas Córdova nos genera una profunda indignación y debate sobre la justicia en nuestro país.
Tras abatir a Everildes Cotrina, un peligroso delincuente con un largo historial de crímenes en la región de Cajamarca, Villegas Córdova ha sido condenado a 15 años de prisión, lo que ha levantado serias dudas sobre si el sistema judicial está actuando en favor de la seguridad ciudadana o en su contra.
¿Defensa propia o exceso de fuerza?
El incidente ocurrió en 2018 durante un operativo en el que Villegas Córdova y otros agentes lograron capturar a Cotrina, un criminal que estaba en la lista del Ministerio Público por múltiples homicidios. De hecho, el gobierno ofrecía una recompensa de 20 mil soles por su paradero, subrayando la peligrosidad de este individuo.
Después de su captura, Cotrina fue subido a un vehículo de la Policía Nacional del Perú (PNP) para ser trasladado a una comisaría. Sin embargo, durante el trayecto, el delincuente intentó escapar, forcejeando violentamente con los agentes; ante esta situación, Villegas y sus compañeros actuaron rápidamente para someterlo, utilizando técnicas de reducción estándar en este tipo de casos. Sin embargo, Cotrina comenzó a manifestar problemas de salud y, a pesar de ser trasladado a un centro médico cercano, falleció poco después.
¿Un Castigo Injusto?
A pesar de que Villegas Córdova y sus colegas actuaron en el cumplimiento de su deber, el Poder Judicial lo ha sentenciado a 15 años de prisión, una decisión que sin duda podmos calificar como un ejemplo de justicia al revés.
Villegas Córdova ha expresado su profundo rechazo a la condena, afirmando que actuó en defensa propia contra un delincuente que no solo intentó escapar, sino que también puso en riesgo la vida de los agentes al resistirse violentamente.
«Es una indignación y un rechazo rotundo de parte mía y de todos mis compañeros. Mi persona lo reduce. Hace uso de la fuerza realizando técnicas de reducción. Cuando se le hace el registro personal, se le halla un arma de fuego abastecida con cuatro municiones», declaró Villegas, subrayando que Cotrina estaba armado en el momento de su captura.
Apoyo a Villegas: ¿Se Está Desprotegiendo a la Policía?
La decisión judicial ha sido criticada no solo por Villegas Córdova, sino también por altos funcionarios, incluido el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
El ministro ha rechazado categóricamente la sentencia y ha anunciado que el Ministerio del Interior asumirá la defensa legal del teniente Villegas, asegurando que no dejarán desprotegidos a sus efectivos cuando son injustamente procesados por fiscales que, según él, no están cumpliendo con su deber de manera adecuada.
«Nosotros no vamos a dejar desprotegidos a ninguno de nuestros efectivos policiales que sean injustamente procesados por estas fiscalías; por eso, quiero anunciar que el Ministerio del Interior va a asumir la defensa del teniente que ha sido sentenciado en Cajamarca», afirmó Santiváñez.
¿Dónde Está el Verdadero Problema?
El caso de Marlon Erick Villegas Córdova ha generado una ola de indignación entre las filas policiales y la opinión pública.
En un país donde la criminalidad sigue siendo un problema grave, resulta paradójico que un policía que actuó en defensa propia y de la sociedad sea condenado a prisión. Este caso plantea serias preguntas sobre si la justicia está verdaderamente protegiendo a quienes están en la primera línea de la lucha contra la delincuencia o si, por el contrario, se está poniendo en riesgo la seguridad de todos al castigar a quienes cumplen con su deber.
En un época de creciente inseguridad, es necesario que el sistema judicial apoye a los agentes que se ven obligados a tomar decisiones críticas bajo presión, especialmente cuando se enfrentan a criminales peligrosos, de lo contrario, se corre el riesgo de desmoralizar a la fuerza policial y de minar aún más la confianza en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos.
Este caso debe ser una llamada de atención para reevaluar cómo se aplica la justicia en situaciones donde la vida y la seguridad están en juego; si no se hace, la lucha contra la criminalidad se verá gravemente comprometida.
