lunes 26 de noviembre, 2018

(EDITORIAL): Las reformas postergadas

Lectura de 2 minutos
prision

De un tiempo a esta parte, el fujimorismo y el aprismo se han dado cuenta de las pésimas condiciones carcelarias de nuestro país. Más aún, parece que un sector importante de ambas fuerzas políticas ha caído en cuenta de que en Perú existe un uso abusivo de la prisión preventiva. Más allá de cuál sea la posición que tenga cada uno sobre el encarcelamiento preventivo de Keiko Fujimori y la supuesta solicitud de prisión preventiva que se habría querido hacer contra Alan García (al menos esa es la excusa para el asilo), desde este diario saludamos que muchos políticos y líderes de opinión hayan caído en cuenta de los problemas que tienen el sistema penitenciario y el sistema de justicia en nuestro país.

Lo que nos gustaría solicitarles es que su opinión no quede en una mera protesta contra lo que, según ellos, es un abuso hecho a sus líderes políticos. Si de verdad están indignados por estos problemas tan urgentes y no es solo una argucia para victimizarse, deberían aprovechar su mayoría parlamentaria para llevar a cabo las tan necesarias reformas del sistema penitenciario y del sistema de justicia.

Y es que, la realidad del sistema carcelario en el Perú es deplorable y requiere de un cambio profundo. Para hacernos una idea de la magnitud del abuso de la prisión preventiva, basta decir que el 40% de los presos en el Perú son personas sin condena. Este no es un número menor, sino que se trata de más de 35 mil seres humanos.

Todavía más, son personas sin condena que pasan sus días en pésimas condiciones. Los centros penitenciarios del Perú tienen una sobrepoblación que supera el 120%, lo que impide el control del INPE y que el presupuesto alcance para que los reos tengan una estadía mínimamente decente. Si las cárceles son “escuelas del delito” es en gran parte porque la sobrepoblación y el hacinamiento hacen que sean tierra de nadie.

A pesar de esta realidad, durante la campaña presidencial lo que más se oyeron fueron propuestas que tenían la finalidad de incrementar la dureza de los castigos como construir cárceles a 4 mil metros de altura.  Keiko Fujimori y Alan García también defendieron la pena de muerte a pesar de que eran conscientes de que nuestro poder judicial funciona bastante mal y no es una institución confiable. El fujimorismo, en este periodo legislativo, se ha dedicado a defender condenas más largas o “soluciones” como la castración química para los reos (aunque después dieron marcha atrás) que de ninguna manera solucionan el problema de fondo del sistema penitenciario. A lo mucho las penas más largas contribuyen a aumentar la sobrepoblación de los centros de reclusión.

Ojalá que el tener que pisar las prisiones del país haga reflexionar a la mayoría parlamentaria y al APRA sobre los problemas que desde hace un bien tiempo muchos venimos advirtiendo. Ellos cuentan con los medios para intentar dejar sin efecto una prisión preventiva si es que la consideran abusiva (como lo hicieron Ollanta Humala y Nadine Heredia). Sin embargo, muchas otras personas no tienen las mismas facilidades y deben padecer sin poder hacer nada las pésimas condiciones penitenciarias. Es hora de mejorar el sistema de justicia para que pueda realizar acusaciones con prontitud en vez de mantener encerradas a las personas que no han sido condenadas y también de hacer un poco más decentes las prisiones del país.

Escribe Altavoz
Siempre listo para la conversación del día.
Ad
Copyright © 2018 - GRUPO ALTAVOZ