viernes 23 de noviembre, 2018

(EDITORIAL): Más regulación, ¿mejor servicio?

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El Perú no tiene un problema de falta de legislación, sino de pésima regulación y peor cumplimiento de las normas. Sin embargo, nuestros congresistas parecen creer que cada problema se soluciona con la simple aprobación de una nueva ley. Si algo no funciona como ellos desean o no es perfecto, nuestros parlamentarios proponen un nuevo proyecto de ley y luego lo aprueban en el pleno del Congreso. No importa que la historia nos diga que muchas leyes terminan siendo letra muerta o causa de ineficiencias, nuestros congresistas continúan planteando iniciativas legislativas y defendiéndolas como si se tratara de varitas que mágicamente van a reparar el Perú.

La última invención legislativa de nuestros congresistas es una norma que regula a aplicativos como Uber, Cabify y TaxiBeat. Dados los casos de robos y agresión que se han reportado en contra de estas empresas, el Congreso no ha tenido mejor idea que introducir una nueva normativa que -según ellos- incrementará la seguridad de los usuarios de estos aplicativos.

A grandes rasgos, esta ley obliga a aplicativos como los mencionados anteriormente a registrarse ante el Ministerio de Transportes y establece que existe una responsabilidad administrativa solidaria entre la empresa y los conductores. Con el registro, el Congreso busca que no cualquier aplicativo pueda funcionar en el Perú y que el MTC pueda establecer requisitos de funcionamiento a las empresas dedicadas a estos servicios. Sobre la responsabilidad solidaria, esto significa que si un taxista de Uber te roba, entonces Uber -por ejemplo- deberá pagar una multa por no brindar un servicio idóneo (el proyecto no establece responsabilidad solidaria en el ámbito penal o civil, solamente administrativo).

El principal problema con esta ley es que exporta el modelo estatal que no ha funcionado a un sistema que, mal que bien, era preferible al anterior. Habrá que ver qué requisitos establece el MTC, pero hasta ahora muchos de los requisitos establecidos por las autoridades estatales son inútiles: colores determinados y símbolos estigmatizantes (los cuadraditos blanco y rojo). Las apps que conectan a choferes con personas que desean movilizarse exigen hoy requisitos a sus conductores como antecedentes penales, pruebas psicológicas, SOAT, récord de conducción, etc. Algunas son más exigentes que otras, pero su servicio es superior al que te puedes esperar de un taxi cualquiera que tomas en la calle y que, en teoría, ya está regulado por el Estado.

En cuanto al tema de la responsabilidad solidaria, esto afecta al modelo de negocio de los aplicativos que consiste precisamente en servir como intermediario y no ser una empresa de taxis tradicional. Las imposiciones legales onerosas pueden repercutir en un servicio más caro o en una menor oferta. Y tengamos en cuenta que delitos como las violaciones no son la regla en estos servicios, sino más bien casos numéricamente menores. No queda para nada claro cómo es que se definirá cuándo una empresa es administrativamente responsable de la falta de algún chofer y eso es algo a lo que debemos estar atentos porque la manera en la que se defina cuándo una empresa es solidariamente responsable puede repercutir en un menor servicio sin una mejora respectiva de la seguridad.

El problema principal de los taxis en Perú, más que la supuesta falta de regulación de los aplicativos, es la absoluta falta de fiscalización ante los delitos. Si el Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial no funcionan adecuadamente, no existen garantías para que quienes prestan el servicio de taxi dejen de delinquir. Los taxis por aplicativo son más caros que los de la calle, precisamente porque los primeros cumplen con ciertos requisitos puestos por empresas como Uber, TaxiBeat o Cabify. Es difícil anticipar que una persona vaya a delinquir si es que ya pasó pruebas psicológicas y no tiene antecedentes penales, pero es más factible que se reduzca el riesgo de estos incidente si existe una adecuada sanción al crimen.

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