jueves 22 de noviembre, 2018

(EDITORIAL): El Congreso contra la educación

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Comisión de Educación
Fuente: Andina

Esta semana, la Comisión de Educación del Congreso aprobó un proyecto de ley que debería preocuparnos a todos. Sin importarles el esfuerzo que se está realizando para que los niños peruanos reciban una educación de calidad, nuestros parlamentarios han aprobado una iniciativa legislativa que tiene el fin de reponer a miles de profesores escolares que no alcanzaron el puntaje necesario que requería el Ministerio de Educación. Aunque este proyecto todavía debe ser discutido y votado en el pleno del Congreso, es inaceptable que la Comisión de Educación apruebe una iniciativa que atenta directamente contra el trabajo del Minedu para establecer la meritocracia en la carrera magisterial.

Para entender por qué se da este problema, debemos recalcar que en el 2014 el Ministerio de Educación convocó a una evaluación excepcional para casi 15 mil docentes que no contaban con título pedagógico. Se trataba de profesores interinos (por no contar con título) que durante más de 20 años podían haber ingresado de manera automática a la carrera magisterial consiguiendo un título de docente. A la evaluación convocada por el Minedu, se presentaron más de 5 mil maestros de los 15 mil antes mencionados y solamente 546 cumplieron con los requisitos para ingresar a la carrera pública magisterial.

Desde el momento en que los profesores que no pasaron la evaluación fueron retirados, el Ministerio de Educación ha contratado a otros cientos de maestros que cumplen con los requisitos fijados para ser parte de la carrera pública magisterial. Profesores que, a diferencia de quienes fueron retirados, ingresaron a la carrera pública magisterial luego de obtener una plaza tras ganar un concurso público. Esto porque la Ley de Carrera Pública Magisterial, publicada en el 2007, apuesta por la meritocracia para mejorar la educación.

La Comisión de Educación del Congreso, presidida por la fujimorista Milagros Salazar, busca petardear este esfuerzo necesario para mejorar la calidad de la enseñanza. El dictamen aprobado obliga al Ministerio de Educación a contratar a los profesores que no pasaron la evaluación si es que consiguieron un título de docente, no han cometido una serie de ilícitos penales, no han sido inhabilitados y gozan de buena salud. Si este proyecto llega a aprobarse en el pleno, más de 10 mil profesores que no pasaron la evaluación correspondiente podrían ser repuestos, afectando a profesionales preparados que podrían postular a dichos cargos y a los niños que deberían recibir una educación de calidad.

Si los profesores que no aprobaron el examen convocado en el 2014 por el Minedu desean ser parte de la carrera magisterial, lo que deberían hacer es presentarse a un concurso público y postular como cualquier otro profesional de la educación. No deberían, de ninguna manera, buscar el favor político del Congreso para ser repuestos pese a que no cumplen con los requisitos. El Congreso, por su parte, debe dejar de ver al Estado como una agencia de empleos para unos pocos y pensar que el derecho a la educación pertenece a los escolares. Son los estudiantes quienes deberían ser la preocupación central de la política educativa.

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