lunes 12 de noviembre, 2018

Colonia Dignidad: la indemnización pendiente - por Martin Scheuch

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Fuente: Peter Schäfer con sus "seguidores".

Hay deberes que se tienen que cumplir, aunque no exista una obligación jurídica. Sobre todo cuando se ocupa cargos de responsabilidad en una entidad —como la Iglesia o el Estado— que debido a la indolencia, inacción o complicidad de sus integrantes, ha permitido que se ocasionen daños graves o violaciones de derechos humanos en perjuicio de personas inocentes. Se trata de un imperativo ético y de justicia, cuyo incumplimiento impide que se restañen las heridas y finalmente termina ocasionado un escándalo de graves consecuencias sociales.

Esto se aplica con todas sus letras al Estado alemán en relación con el caso de Colonia Dignidad, un enclave alemán en Chile donde se cometieron abusos sistemáticos no sólo contra los colonos, sino también contra ciudadanos chilenos: torturas —que incluían electroshocks y suministro de psicofármacos—, lavado de cerebro, trabajo forzado, sustracción de la libertad, separación de las familias, abusos sexuales contra menores —tanto de ascendencia alemana como de nacionalidad chilena, secuestrados mediante engaños a sus progenitores—, así como colaboración con el régimen dictatorial de Pinochet en la tortura y desaparición de enemigos del gobierno.

El 8 de noviembre pasado el Parlamento Alemán (Bundestag) decidió por fin destinar un millón de euros para ayudar a las víctimas. «Ha sido una dura lucha. Estoy contento de que se haya podido alcanzar esta meta tan importante», declaró Michael Brand, miembro de la gobernante Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Oficialmente, se trata de una ayuda voluntaria. El 9 de julio, el gobierno federal había expresado en un comunicado oficial que de lo acontecido en Colonia Dignidad no se derivaba ningún derecho jurídico a reclamo frente a la República Federal de Alemania. El Bundestag había aprobado la solicitud presentada en junio del 2017 por tres bancadas (los demócrata cristianos, los socialdemócratas y los verdes), exigiendo del gobierno un programa de ayudas para las víctimas de Colonia Dignidad. Dado que se trataba de un asentamiento cerrado de una secta alemana en Chile, la propuesta del gobierno de un fondo para financiar medidas de apoyo para la comunidad afectada se realizaba sobre una base libre y voluntaria. Sin embargo, se señalaba que no estaban previstas ayudas individuales, mucho menos el pago de indemnizaciones a personas concretas.

Se trataba en cierto sentido de un lavado de manos al estilo Pilatos, pues Paul Schäfer, el líder de la secta, pudo huir a Chile en 1961, escapándose de las acusaciones de abusos sexuales contra menores en Alemania, gracias a la indolencia de las autoridades de entonces, llevándose de paso a unos 150 miembros de su grupo consigo —entre ellos a varios menores sin autorización de sus padres—, en lo que constituye una de las mayores acciones de secuestro colectivo de la historia reciente, gracias a un adoctrinamiento mental y a falsas promesas, que definitivamente restringieron la libertad de quienes lo siguieron, los cuales no sabían que terminarían encerrados tras un muro en un amplio terreno donde serían esclavizados, humillados y sometidos a abusos.

A pesar de que a partir de los ‘60 hubo colonos que lograron escapar y denunciar las atrocidades, estas denuncias cayeron en saco roto debido a que Schäfer mantenía buenas relaciones con la embajada alemana en Chile y con importantes políticos demócrata cristianos de Alemania.

La renuencia de la diplomacia alemana a investigar las denuncias y la protección que se le brindó a Schäfer en virtud de la imagen idílica que proyectaba Colonia Dignidad, permitió que éste siguiera haciendo de las suyas durante décadas —en particular, abusando sexualmente de menores de edad y jóvenes adultos— hasta 1996, cuando pasó a la clandestinidad debido a denuncias de abusos contra unos 27 menores chilenos. Schäfer fue detenido en el 2005 en Argentina y murió en el 2010 en una cárcel chilena.

Matthias Bartke, socialdemócrata y presidente de la Comisión de Trabajo y Cuestiones Sociales, considera que por fin la política asume su responsabilidad: «Los terribles crímenes en Colonia Dignidad solo fueron posibles porque en aquel tiempo la embajada alemana en Chile, no obstante los muchos pedidos de ayuda, no intervino. Esta falta de acción constituye uno de los capítulos más oscuros de la diplomacia alemana de la posguerra».

La Comisión para la Implementación del Programa de Ayuda para las Víctimas de Colonia Dignidad, constituida el 10 de octubre, se reunirá con asociaciones de víctimas en Berlín y tendrá listo el programa en el verano europeo de 2019.

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