jueves 8 de noviembre, 2018

Reconstrucción con sabor a olvido - por Alejandra Guardia

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Niño Costero
Fuente: Andina

Luego de un año de ocurrido El Niño Costero, solo 346 (2%) intervenciones habían sido terminadas de un total de 12,761 contempladas en el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC). Más aún, al cierre del primer semestre del año, solo se había ejecutado el 13% del total presupuestado para el 2018.

En el 2017, la presencia de inundaciones, desbordes, huaicos y deslizamientos instó la declaración de emergencia de casi la mitad de distritos del país. El calentamiento inusual del mar generó condiciones de peligro en 13 departamentos (principalmente en el norte), y ocasionó un nivel de destrucción que superó las pérdidas de los últimos eventos del fenómeno El Niño. El desastre dejó 285,955 damnificados y una destrucción física de carreteras, viviendas, escuelas y muchos otros servicios públicos. 

Frente a ello, el Estado creó en mayo del 2017 la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), con el objetivo de facilitar y liderar la conducción del proceso de reconstrucción. Su diseño —orientado al empoderamiento de una entidad líder— tomó como referencia experiencias internacionales como la de Indonesia, luego del tsunami del 2004; Colombia, frente al desastre de La Niña (2010-2011); y Chile, con el terremoto del 2010. Además, aprovechó las lecciones aprendidas del Fondo para la Reconstrucción del Sur (FORSUR) creado en el Perú luego del sismo del 2007.

El Plan Integral consideró correctamente que no solo era necesario destinar parte de los recursos a restablecer el nivel de servicio de la infraestructura afectada, sino que también se requería invertir en prevención de nuevos riesgos de desastres, así como en el fortalecimiento de las capacidades de las unidades ejecutoras para optimizar las gestiones. 

Sin embargo, pese al destacable diseño de la intervención, se han reportado débiles indicadores de eficiencia y eficacia durante su implementación. Así, aunque este régimen normativo excepcional suponía agilizar la ejecución a través de un trabajo articulado con los tres niveles de gobierno, lineamientos simplificados de contratación, y plazos expeditivos para obtener permisos y autorizaciones, el avance en la ejecución de proyectos es mínimo. Dicho en palabras del presidente Vizcarra: “no se ha hecho prácticamente nada”. 

Este año, el presupuesto programado para la reconstrucción es de S/5,026 millones, pero solo se había ejecutado el 13% del total a seis meses de culminar el año. Entre las razones que explicarían estas debilidades están los retrasos en el inicio de convocatorias por parte de los ejecutores, la inexistencia de bases estándar para los concursos, la ausencia de condiciones ágiles para la formulación de cada tipo de intervención, y la débil capacidad operativa de las unidades ejecutoras para implementar el Plan.

El Decreto Legislativo 1354, aprobado en junio de 2018, ha realizado modificaciones pertinentes para la aceleración de este proceso. Sin embargo, se requiere mejorar ampliamente el proceso de gestión. Chile es un ejemplo claro de eficiencia, cuya fórmula combinó liderazgo gubernamental y participación ciudadana. Así, dos años después del terremoto del 2010, ya se había destinado el 100% de subvenciones, 67% de viviendas estaban en construcción y el 37% estaban terminadas. El Perú está muy lejos de eso.

Es importante que el Estado refuerce las capacidades de los tres niveles de gobierno y establezca mejores mecanismos de coordinación y cooperación entre las autoridades y comunidades involucradas. Atender situaciones políticas es necesario, pero aprovechar la oportunidad de reconstruir y mejorar las condiciones de vulnerabilidad del país es un deber que no puede esperar. 

Economista de la Universidad del Pacífico y consultora en Gestión Pública. Interés por las políticas públicas, investigación y proyectos de inversión.
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