miércoles 24 de octubre, 2018

Más allá de racionalizar los incentivos tributarios - por Marcel Ramírez La Torre

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Fuente: pqs.pe

El Ministro Carlos Oliva anunció ante el Congreso que presentaría ajustes al sistema tributario en tres aspectos: i) revisión de las exoneraciones tributarias (cuestan alrededor de 1,5% del PBI en recaudación no percibida), ii) simplificación de regímenes de Impuesto a la Renta y iii) modificación de normatividad tributaria municipal a fin de optimizar la recaudación del impuesto predial (MMM 2019-2022, p. 71). A 33 meses de que el gobierno culmine su mandato, se presenta una oportunidad para desterrar de las políticas públicas la leyenda urbana que más daño ha hecho a nuestro país; que para resolver problemas solo hace falta otorgar beneficios/incentivos tributarios.

Tradicionalmente, nuestras autoridades y legisladores han pensado que diseñar políticas de desarrollo es simple y requiere de introducir mecanismos de incentivo tributario que promoverán los espíritus emprendedores que el país necesita para desarrollarse. El tiempo ha demostrado que el país posee debilidades estructurales que ningún incentivo tributario, por sí sólo, puede resolver y que han ayudado a profundizar, distorsionando aún más el sistema fiscal; lo “barato” sale caro.

Si se desea “promover” la inversión en una zona geográfica o actividad económica, lo primero a identificar son los factores que determinan la inversión. Ninguno de esos factores tiene que ver con lo tributario, al menos no en un primer nivel, pues la inversión requiere factores que generen su rentabilidad, como existencia de un mercado, acceso a materias primas e insumos, así como a capital humano necesario; todo a costos y calidad convenientes. Solo otorgar incentivos tributarios y no cerrar otras brechas estructurales no promoverá inversión sino, por el contrario, impulsará decisiones rentistas, evasión tributaria así como el incremento en la percepción de inequidad del sistema tributario. Este es el caso de otros incentivos tributarios cuyo objetivo ha sido “promover” inversiones y que no se han revaluado oportunamente.

Se recomienda al Poder Ejecutivo y Legislativo que reconozcan que no se trata solo de sustituir las exoneraciones tributarias por la asignación de recursos a inversión pública (política tributaria/fiscal); se trata de reconocer la necesidad de replantear la estrategia de desarrollo descentralizado del país, articulando, mínimamente, los siguientes instrumentos de política pública: a) un nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que dé alineamiento a una nueva política de desarrollo productivo descentralizado e integrador alrededor de una optimizada descentralización fiscal, b) definir un “Centro de Gobierno” en la PCM que adopte un enfoque estratégico de inversión y presupuesto (una debilidad de la solución implementada en la región San Martín fue la falta de proyectos de inversión pública listos para su ejecución); se requiere repriorizar proyectos en las zonas en las que se decida “sustituir” los incentivos tributarios, c) corregir las mayores debilidades del proceso de descentralización, vigente por casi 20 años que ha generado más distorsiones que beneficios en la gestión del Estado, d) redefinir el funcionamiento de las Zonas Económicas de Desarrollo, junto con otros instrumentos como CITEs, promoción de I+D+i, corredores económicos, bajo un nuevo enfoque de pacto pro-productividad, pro-formalización y pro-competitividad que premie resultados; e) fortalecer la cooperación público-privada a la luz de la especialización de cada ámbito y su complementariedad; y f) instaurar el concepto de pacto social/fiscal (compromiso Estado y ciudadanos) a fin de contar con un “mejor” sistema tributario y una mejor calidad del gasto público (efectividad, eficiencia y oportunidad). Aunque racionalizar los incentivos tributarios es un tema técnico, no solo fiscal; tiene mucho de economía política por lo que no se trata solo de “derogar” normas, sino más bien de rediseñar una estrategia de desarrollo descentralizado, en un nuevo proceso de “negociación” Estado-ciudadanos, institucionalizando una verdadera “rendición de cuentas” – accountability que le devuelva a la ciudadanía el “control social” sobre las autoridades.

Economista con Maestría en Economía Pública en la London School of Economics y estudios de doctorado en Economía (Birkbeck College) en el Reino Unido. Consultor experto internacional en gestión pública, política fiscal y tributaria y Reforma del Estado y docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
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