martes 9 de octubre, 2018

El anciano Alberto Fujimori debe regresar a la cárcel - por Martin Scheuch

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Fuente: Facebook / Alberto Fujimori

Jorge Rafael Videla (1925-2013), dictador militar de Argentina entre 1976 y 1981 y responsable de la desaparición y muerte de miles de ciudadanos de esa país, murió en prisión a los 87 años de edad.

Al igual que Alberto Fujimori, fue encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad. Al igual que él, nunca mató a nadie con sus propias manos, pero fue autor mediato de delitos graves con violación de derechos humanos fundamentales. Y al igual que él, también fue indultado una vez de manera irregular por un gobierno salpicado de sospechas de corrupción. Y no sólo sospechas, pues Carlos Menem —presidente argentino entre 1989 y 1999 y autor en 1990 del indulto que anulaba la pena de prisión perpetua que Videla estaba cumpliendo desde 1985— ha sido condenado en diciembre de 2015, en primera instancia, a cuatro años y medio de prisión por apropiarse ilícitamente de dinero del Estado.

La diferencia está en que Fujimori no está condenado a morir en prisión, como sí lo estuvo Videla. Pues si tiene la suerte de cumplir con vida sus 25 años de prisión, con los que ha sido sancionado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, podrá gozar de nuevo de libertad, aun cuando no haya pedido disculpas por los crímenes cometidos y no haya pagado hasta ahora ni un puto sol de la reparación civil que todavía debe.

Quien ha sido encontrado culpable directa o indirectamente de muertes y asesinatos, debe pagar con la privación de su libertad. Es lo justo. En algunos países todavía se considera que lo justo es la pena de muerte. Afortunadamente, Fujimori vive en un país que en la práctica ha dejado atrás ese atroz e inhumano rezago medieval y puede purgar su pena en un espacio donde tiene garantizados —salvo el de la libertad — todos sus demás derechos: a la salud, buena alimentación, seguridad, información, etc., etc. Derechos de los que lamentablemente no gozan, no solamente otros reos de la población carcelaria, sino ni siquiera gran parte de la población peruana que no ha cometido ningún delito y, sin embargo, sobrevive en la pobreza.

El video hecho público donde un Fujimori demacrado afirma que su corazón no soportaría volver a prisión y pide que no lo maten, que no lo condenen a muerte con esa medida, es tan convincente como las lágrimas de cocodrilo de su hija Keiko cuando declara a la prensa sobre la anulación del indulto de su padre. Lo que dice Fujimori no suena auténtico, pues sabe que está siendo filmado y habla para la opinión pública con un discurso articulado y palabras seleccionadas que difícilmente pronunciaría una persona en estado realmente grave.

¿Debe ir un anciano a prisión?

El 20 de septiembre de 2016 el Tribunal Federal de Justicia de Alemania, última instancia judicial, confirmó la sentencia de cuatro años de prisión contra el nonagenario Oskar Gröning, quien, siendo contador en Auschwitz, había colaborado con el exterminio de cientos de miles de judíos. Su defensa solicitó una suspensión de la pena debido al precario estado de salud del anciano. La solicitud fue denegada en agosto de 2017 sobre la base de peritajes de salud realizados por expertos independientes, alegando además que el principio del Estado de derecho primaba sobre los derechos del reo y, por lo tanto, la justicia debida a las víctimas debía prevalecer. Además, el encarcelamiento no violaba ningún derecho fundamental del reo. Gröning, a los 96 años, debía ir a prisión. Un primer procedimiento de queja fue denegado en diciembre de 2017, así como una primera petición de indulto. Una segunda petición hecha en febrero de 2018 quedó sin respuesta, pues el 9 de marzo de 2018 Gröning fallecía repentinamente en un hospital.

Si Fujimori cumple su condena, no alcanzará la edad que tenía Gröning al morir, a quien se le consideró apto para la cárcel. Por una simple cuestión de justicia, Fujimori debe regresar a su cárcel dorada y purgar su pena. Solo así se podrá tener la esperanza de que en el Perú los delitos de lesa humanidad no queden impunes. Se lo debemos a los deudos de las víctimas y a toda la sociedad peruana.

Siempre listo para la conversación del día.
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