miércoles 22 de agosto, 2018

Jueces podrían estar favoreciendo invasiones

Lectura de 3 minutos

Las invasiones y la informalidad podrían volver, advierte la abogada experta en derecho inmobiliario y profesora de derechos reales María Murillo.

Una reciente tendencia en el Poder Judicial, según nos explica, pone en peligro la propiedad privada y la seguridad jurídica. Magistrados del Poder Judicial estarían sentenciando de forma que el poseer un terreno vence a la buena fe registral.

¿Qué significa esto? Que tú puedes haber comprado un terreno inscrito en registros públicos (cumpliendo todos los requisitos), pero que si hay alguien que vive ahí y que dice que tiene un contrato (aunque no esté inscrito), ese tercero podría ser favorecido por el Poder Judicial.

La abogada advierte que esto no solo pone en peligro a la propiedad privada, sino que podría favorecer a las invasiones y a mafias de tráfico de terrenos.

Para entender el problema, es necesario saber cuál es la función de registros públicos.

¿Para qué registramos?

María Murillo nos explica que la función del registro público es garantizar que podamos oponer a otros nuestro derecho de propiedad.

Adicionalmente, si nosotros queremos comprar un bien, basta con que revisemos si efectivamente ese predio está inscrito y que su dueño es quien nos lo está vendiendo para poder, con seguridad, firmar el contrato.

Lo anterior es lo que se conoce como el principio de buena fe pública registral: quien compra un bien de buena fe, que está correctamente inscrito en registros públicos, estará protegido (esto se contempla en el artículo 2014 del Código Civil).

“Esta norma existe en todas las legislaciones del mundo con sistemas jurídicos distintos”, explica Murillo.

¿Qué pasaría si no existiera ese registro? Tendríamos que hacer la llamada “prueba del diablo”. Es decir, tendríamos que nosotros mismos constatar que quien nos vende, obtuvo el bien legalmente, que quien se lo vendió a él, también lo tenía legalmente, y que quien se lo vendió al que se lo vendió, también lo hizo igual y así hasta el infinito.

En otras palabras, sería imposible saber si estamos comprando una casa de forma correcta y no sabríamos si mañana podría aparecer un sujeto con un título de principios del siglo pasado a decir que es el dueño.

No solo eso, sino que no sabríamos si mañana puede venir alguien con un contrato falso a decirnos que es el verdadero dueño.

Por eso, legalmente, se protege a quien registra y al que compra un bien registrado.

Un problema serio

Wilber Medina, director del centro de derecho procesal constitucional de la Universidad San Martín de Porres, explicó a RPP que 30% de los procesos judiciales en el Perú están relacionados a conflictos de terrenos. Dejar de proteger a quienes compran bienes registrados podría aumentar esta cifra.

Un informe del Estudio Murillo dicta lo siguiente: “En vez de desamparar el derecho de propiedad por eventuales abusos o delitos cometidos por grupos delincuenciales, tanto legisladores, como jueces y operadores del derecho en general, deberían contribuir a que se denuncien y castiguen dichos comportamientos, y no a menoscabar o eliminar las normas y mecanismos institucionales, que, como la seguridad del registro y el principio de fe pública registral contenido en el artículo 2014 del Código Civil, garantizan la protección al derecho de propiedad, la seguridad de las inversiones y transacciones y, por ende, posibilitan el desarrollo económico de las naciones”.

Si se le da mayor importancia a la posesión que al propietario registral, lo que podría terminar sucediendo es que las mafias de tráfico de terrenos se aprovechen de esta tendencia.

El coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina, explicó a El Comercio que el tráfico de terrenos es el que más ha estado creciendo debido a las ganancias que genera. El tráfico de terrenos, después del narcotráfico junto con la trata de personas y la minería ilegal, es el segundo delito que más dinero genera a las organizaciones criminales. Según información de la Fiscalía, cada mafia puede “recaudar” hasta S/20 millones al año.

¿Podría el Poder Judicial estar favoreciendo a grupos interesados en invadir la propiedad de otros? María Murillo advierte que sí.

Escribe Altavoz
Siempre listo para la conversación del día.
Ad
Copyright © 2018 - GRUPO ALTAVOZ