lunes 9 de julio, 2018

(EDITORIAL): Justicia podrida

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cnm

Ayer, el programa dominical Panorama hizo una denuncia escandalosa. Según se oye en unos audios que pertenecerían al presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos y al fiscal Juan Miguel Canahualpa Ugaz, este último habría sido nombrado como fiscal por intervención de Ríos. Y no se trata de una “recomendación”, sino que el presidente de la Corte Superior del Callao habría utilizado sus influencias para que no haya posibilidad de que Canahualpa no sea nombrado. Un contacto no identificado del Consejo Nacional de la Magistratura le dice a Ríos en otro de los audios: “Ya es fiscal, ah. Por si acaso ya es fiscal. Ya es fiscal, lo que me pediste”.

Lo más grave, sin embargo, no es la influencia indebida que habría tenido Ríos en el nombramiento de Canahualpa como fiscal, sino lo que se oye decir a este último: “Dígame doctor más bien, ¿cuánto le debo?”. Por el contexto de los audios, es bastante evidente que Canahualpa se está refiriendo a su nombramiento. Ríos le dice “no, no, eso es para almorzar con la gente y agradecerle personalmente”, pero esto no lo exime de culpa.

Si en efecto Walter Ríos no permitió que Canahualpa pague alguna “deuda”, es escandaloso que ni siquiera se inmute ante esta sugerencia. Cualquiera esperaría que el presidente de una Corte Superior se indigne ante un ofrecimiento de este tipo o que delate a su interlocutor por dar a entender un acto que constituye un delito. Sin embargo, Ríos solo atina a decirle a su apadrinado que deben agradecer a quienes al parecer lo habrían ayudado a obtener el puesto de fiscal.

Como si este caso no fuera ya lo suficientemente deplorable, Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, se han visto involucrados en otros audios que podrían configurar el delito de tráfico de influencias. En el colmo de la repugnancia, en otro audio se escucha al presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, preguntarle a su interlocutor si desea que reduzca la pena o declaren inocente a un presunto violador de menores. ¿Es esta una negociación a por un fallo favorable? El Poder Judicial y la Fiscalía tienen que aclararlo de inmediato.

Como hemos repetido en repetidas ocasiones, el problema del Perú no es que falten penas drásticas. El problema de nuestro país es que tenemos un sistema de justicia que está podrido y que no funciona a la hora de proteger los derechos de las personas. Ya se ha abierto una investigación contra las personas implicadas en los audios, pero debe notarse que estamos hablando de varios de los más importantes miembros del sistema de justicia del Perú. Los miembros del Consejo de la Magistratura son los encargados de elegir a los jueces y fiscales que van a ver las denuncias civiles y penales. Si esta situación no cambia, la justicia en este país seguirá siendo a lo mucho una broma de mal gusto.

Escribe Altavoz
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