martes 12 de junio, 2018

(EDITORIAL): El populismo no protegerá a las mujeres

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Fuente: Difusión

Durante décadas, los políticos peruanos nos han prometido enfrentar el crimen con medidas de “mano dura”. Pensando más en su reelección que en medidas que realmente sirvan al país, políticos de todas las tiendas ideológicas han defendido medidas como la pena de muerte, la castración química y hasta ordenar a las Fuerzas Armadas patrullar las calles. En el caso de la violencia contra la mujer, que es uno de los temas que más preocupa a los peruanos, se creó el delito de feminicidio y recientemente se ha incrementado la pena mínima de este tipo penal a 20 años de prisión.

Si estas medidas tuvieran algún impacto positivo, sin duda alguna tendríamos que felicitar a nuestros congresistas por impulsarlas y hacer de nuestro país un lugar más seguro. El problema es que se han ido aumentando progresivamente las penas sin que ello se traduzca en un país menos violento. De hecho, entre el 2011 y el 2017 las cifras de homicidios han aumentado considerablemente. Aún seguimos presenciando los casos de mujeres violadas, agredidas e incluso quemadas como sucedió con Eyvi Ágreda.

El reciente caso de la terramoza de la empresa Palomino debería servirnos para comprender de una buena vez que necesitamos mucho más que “penas drásticas” para combatir la criminalidad en nuestro país, sobre todo cuando se trata de temas de género. De acuerdo a las palabras de la joven peruana, ella fue a denunciar la violación que habría sufrido por parte del conductor y el copiloto de la citada empresa de transportes, pero recibió el espaldarazo de una parte del sistema de justicia: “En la comisaría de Apolo me brindaron apoyo y cuando fuimos a la Fiscalía con los oficiales y los detenidos, me dijeron que los iban a soltar porque los hechos no sucedieron en Lima, sino cerca a Nasca”, contó la víctima.

Si vemos la evidencia internacional en temas de criminalidad, caeremos en cuenta de que los estudios señalan que las condenas largas sirven de poco para prevenir los crímenes. En realidad, incrementar la certeza de la punición es una política mucho mejor, especialmente en un país como el nuestro de cárceles sobrepobladas que sirven como escuelas del delito. Incrementar la certeza de la punición no significa ser “blandos” con el crimen, sino hacer lo necesario para que el derecho penal deje de ser letra muerta. En otras palabras, significa que los agresores de la terramoza no escapen a la Policía, sino que sean efectivamente detenidos y luego acusados por la Fiscalía y sancionados por el Poder Judicial para que se haga justicia.

Si queremos detener la violencia en nuestro país y reducir la violencia contra la mujer, urge que nos empecemos a preocupar por lo importante y no por lo superficial. Es decir, que superemos el debate sobre el aumento de penas que ha resultado infructuoso y nos concentremos en discutir sobre una reforma del sistema de justicia y de la Policía. El problema de los peruanos no es que no haya leyes drásticas, sino que cuando recurrimos a ellas, no se cumplen ni las autoridades protegen efectivamente nuestros derechos. Tampoco tenemos el número adecuado de efectivos policiales capacitados en las calles o las comisarías. Si lo quieren resumir en una oración, de nada sirve establecer sanciones penales cuando los criminales creen que sus delitos no van a tener ninguna consecuencia.

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