domingo 20 de mayo, 2018

Dos sentidos no comunes sobre la violencia y la memoria en el Perú –por Matheus Calderón

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Hablar e investigar sobre el periodo de violencia terrorista será siempre entrar a un territorio difícil, tanto por los afectos y sensibilidades involucradas, por la posición de la que partimos y que nos es imposible eludir, como por la complejidad de los procesos ideológicos e históricos con los que tenemos que lidiar.

El sociólogo Michel Wieviorka, en un texto ya clásico sobre la transición del “terrorismo clásico al terrorismo global”, señala que las prácticas terroristas han resultado incómodamente como un “tópico ilegítimo de investigación”.  Wieviorka, especializado en el estudio de la violencia, el conflicto y el terrorismo, señala luego los reparos más comunes en torno a estas investigaciones: “los colegas cuestionan si el investigador no terminaría fascinado por el tópico, las autoridades públicas indagan cuál era la verdadera relación con los ‘terroristas’ involucrados o esperarían que el investigador se volviera un agente del servicio secreto, y, finalmente, los actores a los que estudiaban están siempre propensos a usar para su favor la relación que el investigador intenta establecer con ellos”.

Esta complejidad en abordar el terrorismo que advertía el académico francés se ha dejado sentir en las últimas semanas, empezando por la denuncia que se realizara contra la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda por contratar en el Congreso a Nancy Madrid Bonilla, condenada por pertenecer al movimiento terrorista MRTA, creció con las acusaciones de apología al terrorismo por parte del congresista elegido por Ayacucho Edwin Donayre, excomandante general del Ejército Peruano, al Lugar de la Memoria -LUM y alcanzó su clímax ayer con una penosa audiencia realizada a la ministra de Cultura en el Congreso y el anuncio de la creación de una futura comisión investigadora del LUM.

El cuestionamiento que realiza la derecha conservadora y populista no dista de los reparos que anunciaba Wieviorka, pero va todavía más allá: acusa de apología al terrorismo a un conjunto de actores involucrados en el activismo de la memoria o a la investigación del periodo de la violencia terrorista –a la investigadora Rocío Silva Santisteban no tardaron en atacarla y vincularla a grupos terroristas tras publicar una columna en La República respecto al caso Foronda.

Los últimos ataques al LUM por presunta apología al terrorismo son el más reciente ejemplo de una larga línea de críticas formuladas a diversos productos culturales que son asumidos como activismo ideológico al favor del terror, incluso a pesar de que varios de ellos muestren una lógica más bien reaccionaria (la denuncia a la obra de teatro “La Cautiva”, denunciada por apología al terrorismo, es un caso emblemático de ello).

A pocos meses de celebrar los 15 años de la publicación del Informe Final de la CVR, es legítimo preguntarse si el debate en torno a la memoria y los años de la violencia terrorista ha fracasado –de hecho, si uno ve la discusión que tienen los congresistas respecto a este tema confirmará que, en efecto, hay mucho de fracaso-. El fenómeno del “terruqueo” (llamar “terrorista” o “terruco” al oponente político como forma de descalificación total) campea en el espacio público y en las redes sociales. ¿Cómo reaccionar? ¿Cuáles deberían ser las estrategias para los “trabajos de la memoria”, por citar el título del libro de Elizabeth Jelin?

Quiero advertir de un tiempo sobre la memoria en el que la reafirmación de dos ideas son vitales y necesarias para el debate público. Admito esto: no es solamente una reflexión académica ensayística, sino es la afirmación de una posición política desde la cual hablar de los hechos de violencia en el Perú para enfrentarnos a una sensibilidad que busca monopolizar la memoria y que tiene agentes muy poderosos obrando para ello.

De hecho, ambas ideas se han deslizado como una verdad oculta, candente en medio de los debates públicos,  como sentidos no comunes, en las últimas acusaciones por apología al terrorismo y cercanía ideológica a grupos violentistas. La pregunta, en realidad, es si nosotros estamos preparados para aceptar estas ideas, para abrirnos a estos sentidos no comunes, para reafirmarlas en el debate público.

La primera idea es que el periodo de violencia política se produjo entre prójimos, como magistralmente han mostrado estudios como los de Theidon (ese es precisamente el título de su libro) y Del Pino –este último, irónicamente, uno de los criticados por formar parte de la comisión curatorial que realizó la muestra permanente del Lugar de la Memoria-. Y decir “la violencia se produjo entre prójimos” es afirmar que las categorías de víctima y victimario no son tan claras ni tan evidentes como se pensaría.

La dicotomía víctima-victimario funciona muy bien para cierta narrativa sobre la memoria, y no es poco común que al Lugar de la Memoria en el Perú se le compare con el Museo del Holocausto de Alemania, antes que, por ejemplo, la situación del la memoria del pueblo polaco que hasta ahora, más de 60 años después de la barbarie nazi, todavía discute su responsabilidad en la Shoah judía. Pero lo cierto es que la situación de quienes vivieron, participaron y tomaron posición en el periodo de violencia es por mucho más compleja.

Esta imagen “más compleja” resulta, en varios niveles, intolerable para cierta sensibilidad que, a pesar de sus buenas intenciones, falla en ver el bosque y no solamente árbol. Tómese el reciente caso de las tablas de Sarhua, acusadas por un medio de circulación nacional de derechas de ser “prosenderistas”.

En una de las imágenes de la colección Piraq Kawsay, se apreciaba a miembros de la comunidad de Sarhua conviviendo junto a miembros de Sendero Luminoso y prácticas que remitían  a su militancia. Mientras que buena parte de la derecha asumió las tablas como una obvia apología al terrorismo, una bienintencionada izquierda limeña jugó la carta de la víctima: Sarhua no podía hacer apología, porque ellos fueron víctimas de los excesos militares por parte de los Sinchis.

Si el sentido común es la represión común, como apuntaba Jacques Lacan, ¿qué se reprime en estas dos narrativas? El dato escondido aquí es, en realidad, el dato histórico duro y objetivo que muchos han reclamado en medio de las discusiones del LUM: que Sarhua sí formó parte de Sendero Luminoso, y fue por no pocos meses una “zona liberada” donde efectivamente militantes de SL convivían con la comunidad.

La verdad nos hace libres, señalaba una congresista en la audiencia con la ministra de Cultura Balbuena, pero también es cierto que la verdad incomoda, perturba. La verdad, no pocas veces, quiere ser ocultada y funciona como una ley nocturna, se comenta en conversaciones ocasionales, privadas, pero nunca de manera pública.

¿Se debería, en ese sentido, rechazar a quienes en Sarhua se plegaron a la militancia de Sendero Luminoso, a pesar de que luego huyeron, se rebelaron o la rechazaron? ¿Son menos víctimas la violencia de las fuerzas del Orden por haber formado parte primero de Sendero Luminoso? ¿Debemos, como preguntaba una periodista a la congresista María Elena Foronda, cuestionar si es que podemos ofrecerles “humanidad”? Del otro lado, ¿podemos forzar a alguien a que cambie su sensibilidad? ¿Es acaso moral incluso intentarlo? Resolver esa pregunta sería motivo de otro texto.

La situación de Sarhua explicita muy bien eso que el sobreviviente del Holocausto Primo Levi ha denominado como “las zonas grises”: aquellas en las que las líneas entre víctima y victimario se difuminan. ¿Podemos tolerar esa difuminación?

La segunda idea es que antes de ser un punto, la violencia (y en este sentido también la violencia política) es, no pocas veces ni para pocas comunidades, una línea que atraviesa la historia peruana del siglo XX.

La violencia iniciada por los grupos terroristas en los años 80 puede ser entendida como un fenómeno excepcional en la historia peruana –a pesar de sus conexiones con otros movimientos de naturaleza cercana en Latinoamérica-, pero tan o más importante que eso es entenderla como un continuum histórico para muchas de las comunidades de la sierra central y sur.

En los últimos años, la historiografía y los estudios históricos sobre el nacimiento y difusión de Sendero Luminoso han dado un salto cualitativo importante. Libros como los de Miguel La Serna sobre Chuschi y Huaychao, Ponciano del Pino sobre Ucchuraccay, y Jaymie  Patricia Heilman sobre Carhuanca y Luricocha desnudan procesos de conflicto político, abandono estatal, luchas por la tierra y la dignidad, y fenómenos de autoritarismo y violencia ya presentes y recurrentes en diferentes comunidades de Ayacucho mucho antes de Sendero Luminoso.

No es simplemente la pobreza o la exclusión o el olvido, como han querido argumentar falazmente algunos (y es falaz también porque la réplica será siempre “hay espacios donde hay pobreza y no hubo terrorismo”), lo que ha servido como “caldo de cultivo”, sino un conjunto de relaciones estructurales, alimentadas por décadas de choques entre diferentes agentes y posiciones al interior de las propias comunidades andinas.

También, por ejemplo, está el rastreo ideológico de la revolución radical que realiza el historiador José Luis Rénique (una “genealogía del radicalismo”, como bien lo describe Javier Puente en una reseña para Argumentos). Sendero Luminoso puede ser entendido como el último punto de una serie de posiciones políticas de izquierda que reclamaron para sí las banderas de una revolución radical pero que se desarrollaron durante todo el siglo XX.

En línea con una de las preguntas de La Serna sobre Chuschi, lugar donde se inició la así llamada “guerra popular” por parte de Sendero Luminoso, habría que preguntarse no tanto por qué Sendero Luminoso atacó allí, sino por qué los propios comuneros de Chuschi, de simpatías amplias por Sendero Luminoso, decidieron empezar la quema de ánforas allí.

(El lector atento ya notará el cambio: en la primera pregunta, Chuschi aparece como el escenario vacío de una historia solamente -uno puede imaginárselo casi como el set de una película de vaqueros en la que nada pasa hasta que Sendero Luminoso ataca en base al terror-, en la segunda, Chuschi aparece como un conjunto complejo de agente políticos e históricos que toman una decisión a conciencia).

Este paso cualitativo no es poca cosa, e implica una discusión más profunda sobre el nacimiento, difusión y desarrollo de opciones radicales que operaron en base al terror y a la violencia.

¿Qué hacer, entonces? ¿Cómo lidiamos con esta complejidad fuera de gritar “apología al terrorismo” y sin caer tampoco en la presunción de un monopolio de la memoria?

Una estrategia ha sido la esgrimida por el periodista Marco Sifuentes en una reciente columna en El Comercio, donde compara los casos de Foronda y Donayre (“los congresistas María Elena Foronda y Edwin Donayre tienen más en común de lo que estarían dispuestos a aceptar”), en los que acusa a ambos de “(no) pensar en las víctimas, en todas”.

La posición, a primera vista, resulta objetiva, neutral y hasta saludable (y de hecho, así ha sido asumida por buena parte de la izquierda progresista en las redes sociales). Pero esta estrategia es insuficiente, ya que solamente funciona cuando consideramos a las víctimas como una categoría pura, nada porosa. Y eso ya es asumir una posición que no es necesariamente la “posición objetiva”, una posición que resulta insuficiente en complejizar el periodo de violencia (una respuesta de la razón conservadora es afirmar que “no es necesario complejizar”, o, como el congresista Petrozzi, que señaló en esa línea que “el peruano no necesita a nadie que lo haga reflexionar”).

Consideremos, al contrario, no la acusación que realizó Donayre al Lugar de la Memoria sino la respuesta que vino después, impulsada desde los espacios progresistas: un video fechado en el 2014 en el que el congresista Donayre anuncia, entre risas del público, que ha recibido apoyo de un “camarada Iván”.

“A veces he tenido que conciliar con los subversivos y terroristas que eran mis compañeros del colegio, el camarada Iván y el camarada Carlos. Hoy es un gran empresario el camarada Iván, no voy a decir quién es pero me está ayudando en algo en campaña”, declaró.

Pero antes de usar el caso para poner en evidencia que las categorías de víctimas y victimarios son porosas, y que en las comunidades de la sierra central y la sierra sur es “otra” la memoria, el caso se usó solamente para demostrar que Donayre estaba equivocado y era hipócrita. El problema es que el acto sigue una lógica tautológica, o lo que es lo mismo, el acto señala ya lo obvio.

Donayre respondió luego a través de su cuenta de Facebook. A pesar de lo endeble de la respuesta, el militar en retiro respondió que estos terroristas estaban “arrepentidos” y que “(le) daban información anticipada de ataques a pueblos y de emboscadas a las patrullas del Ejército”.

¿Merecerían estos terroristas arrepentidos, según las palabras de Donayre, un espacio en el Estado, un espacio en la memoria estatal, un espacio para narrar su versión? La pregunta es incómoda y las respuestas aún más. Pero los procesos políticos, por cierto, no se detienen, y a veces es la misma realidad la que nos encara. El caso de Sacsamarca es, por ello, relevante en este contexto.

El 21 de mayo próximo, la comunidad de Sacsamarca cumplirá un año más desde la revuelta contra Sendero Luminoso en 1983 que hizo que fuera considerada como “la Cuna de la Pacificación Nacional”.

En Sacsamarca, como recuerda el joven historiador Alejandro Santistevan en una encomiable columna en La República, “rebelados y senderistas conviven” y muchos de los segundos, hombres y mujeres que formaron parte de Sendero Luminoso, ocuparon y ocupan ahora mismo puestos clave en la comunidad.

Por ello es que Santistevan advierte que en Sacsamarca “la búsqueda de justicia no se orienta tanto al castigo de los implicados en SL, sino más bien, al reconocimiento de lo sucedido por parte del estado, propiciar el  progreso material y espiritual para toda la comunidad y el pago de  justas reparaciones a las víctimas”.

¿Podemos, aquí en Lima o incluso desde el Estado, tolerar esa convivencia? ¿Estamos preparados para una discusión mayor sobre la memoria?

Quiero finalizar solo haciendo mención a una tercera idea que, aunque parezca obvia a estas alturas, suele continuar invisibilizada, negada o simplemente pasada por alto: la memoria no nos salvará.

A contrapelo de los discursos que repiten que hay que “recordar para no repetir”, debemos enarbolar la idea de que la memoria, por sí sola, no es suficiente.

Como señalaba en una entrevista a propósito de la reedición del influyente Generación Post-Alfa el marxista italiano Bifo Berardi, “es importante narrar la historia de las revueltas pasadas, es importante la memoria histórica y política. Pero es idiota pensar que narrando la historia de la autonomía del pasado se pueda transmitir un know how autónomo  (de lucha) para el tiempo presente”.

De allí que sea necesario afirmar la memoria no es suficiente si no es acompañada de acciones políticas precisas a nivel comunitario y a nivel estatal.

La pobre respuesta de la ministra de Cultura Balbuena y los organismos estatales ante la arremetida neorreaccionaria que ahora ataca al Lugar de la Memoria lo confirma. No hay un horizonte político en la memoria por sí sola.

Editor de Política
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