miércoles 14 de febrero, 2018

¿Se debe acatar el fallo de la Corte IDH en el caso de los magistrados del TC?

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Fuente: Peru.com

El pasado viernes 9, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió una resolución en donde se indicaba que el Estado peruano debía archivar el proceso en contra de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional –Manuel Miranda, Eloy Espinoza, Marianella Ledesma y Carlos Ramos– que fueron acusados constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Las opiniones que surgieron luego de emitido el fallo se dividieron en dos: por un lado, los que creen que no se debe acatar la decisión de la corte; y por otro lado, los que dicen que “así no nos guste, toca acatar el fallo”, como lo dijo Juan Sheput.

Altavoz se comunicó con el abogado especialista en derecho internacional Alonso Gurmendi y esto fue lo que nos dijo:

¿Cuál es tu opinión sobre el fallo de la corte?

A mí no me gusta el fallo. Yo creo que las opiniones discordantes de los jueces Vio Grossi y Sierra, son la posición que yo asumiría en el caso si yo hubiese sido juez porque lo que está pasando es que es una medida provisional. Existe un riesgo al proceso. El argumento de las partes es que si el Congreso sanciona por prevaricato o infracción constitucional a los jueces del caso, la obligación de investigar ya no estaría siendo cumplida sobre la base de un juez imparcial. Los jueces que cumplan con la obligación del Perú de investigar los hechos, deben ser imparciales y si el Congreso los sanciona, no están siendo jueces imparciales.

¿Se puede no acatar el fallo de la Corte IDH?

Jurídicamente la respuesta es fácil: no se puede incumplir un fallo de la corte cuando el Perú ha asumido el compromiso internacional de cumplirlo. Sin embargo, por el lado político, existen Estados que incumplen acuerdos internacionales y sería iluso pretender que ningún Estado nunca no lo hizo. Lo peculiar, lo curioso, lo inusual de este intento de incumplir, primero que nada, es que viene del Legislativo –no del Ejecutivo– que está intentando dirigir la política del país –utilizando su poder en el Congreso– para tomar una decisión que le corresponde al Ejecutivo. Eso de por sí ya es curioso.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias si se incumple el fallo?

La consecuencia jurídica es que la corte va a citar a procedimientos de cumplimiento constantemente. Va a llamar y va a decir “no has cumplido”. Pero el peso mayor es que el sistema internacional de normas es un sistema que los Estados aceptan utilizar porque les conviene. El Perú no es un país que tenga el ejército de EE.UU. ni de China, somos un país que necesitamos de la legitimidad de las normas para poder realizar nuestra agenda internacional. Pero llega un punto en que todo Estado (desde el más poderoso, hasta el más débil), si incumple demasiadas cosas, el resto de Estados ya no quieren jugar bajo las mismas reglas contigo porque las incumples. Quizás no habrían consecuencias políticas pero, en este caso sí porque la Cancillería que tenemos ahora tiene dos objetivos de política nacional bien importantes: la Cumbre de las Américas (en abril) y otro es el Grupo de Lima para el tema de Venezuela. Las dos se relacionan directamente con temas de gobernabilidad y Estado de derecho. La primera tiene como objetivo la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción. ¿Cómo vamos a hablar de gobernabilidad y Estado de derecho mientras incumplimos lo que dice la corte? Ahí hay un tema contradictorio.

¿Qué podría pasar en ese contexto?

Otros Estados podrían comenzar a presionar para asumir roles de liderazgo en el Grupo de Lima. Nadie ha dicho que el Perú tiene que liderarlo, el Perú lo ha liderado porque es un buen ejemplo, porque es el que presionó más con el tema pero bien podría ser que otros Estados con capacidad política (más que nosotros, tipo Canadá que tiene un interés de liderar este tema) terminen sobrepasándonos. Incluso sin que nosotros queramos. Entonces, el Estado tiene que escoger cuál es el alto interés nacional en juego: defender estos casos contra la Corte IDH y decir “no lo vamos a cumplir de ninguna manera”, o el alto interés nacional que es el Grupo de Lima y la Cumbre de las Américas.

¿La investigación del Congreso afecta la independencia judicial?

Sí la afecta. Lo que no creo es que esa afectación, de la independencia judicial, perjudique los derechos de las víctimas tal cual fueron establecidos en la sentencia de El Frontón. Para mí, como yo lo veo, hay dos problemas principales. El primer problema principal es la idea de que la independencia de los vocales es un derecho de las víctimas. Yo creo que a las víctimas se les tiene que garantizar un resultado; el resultado es investigar todo. Qué juez lo haga, no importa. Importa que lo haga un juez independiente. Entonces, si sacan a un juez indebidamente pero ponen a otro juez que mantiene su independencia, para las víctimas no debería haber un cambio. Para el juez sí, a ese juez se le está violando un derecho. Ese juez que ha sido removido indebidamente debería poder poner un reclamo ante la comisión, incluso hasta podría poner medidas cautelares a la comisión y empezar un caso de cero.

¿Cuál es el problema de empezar desde cero?

Que un caso desde cero tiene que agotar recursos internos, tiene que atravesar un proceso de admisivilidad ante la comisión, entonces, nunca va a acabar a tiempo. Hacerlo a través de la corte, tiene mucho más peso pero yo creo que la independencia es un problema del juez. La medida provisional tiene un primer problema, que no beneficia a la víctima, beneficia a un tercero que indirectamente puede beneficiar a la víctima. Para mí, ahí hay una problema pero no es el principal problema. El principal problema para mí es el de la medida dictada.

¿Por qué el Congreso estaría actuando así?

Yo creo que el enfrentamiento frontal con la corte se debe a que se busca generar ese choque, porque el interés de fondo es el que le beneficia al partido con mayoría en el Congreso [Fuerza Popular]. Lo que quieren es retirarse de la corte porque la corte no es conveniente para un montón de cosas que quieren hacer, incluyendo lo relacionado a Alberto Fujimori. Yo estoy intentando analizar desde un punto de vista político qué cosa puede explicar este proceso poco usual. Normalmente, así no se incumple una obligación internacional. No es el Congreso el que lo hace normalmente, sino el Ejecutivo y, por lo general, es porque hay un interés nacional de por medio. En este punto no pareciera que hubiese eso de por medio. Yo creo que lo que está en juego aquí es un alto interés partidario. Para mí eso es problemático y eso me disgusta. Hay un interés del Congreso por controlar el Tribunal Constitucional. Es un tema de política interna. Si el Congreso no estuviera dominado por una sola fuerza política, probablamente no tendríamos esta capacidad de estar enviando cartas.   

¿Qué es una medida provisional?

En cualquier proceso, es una especie de protección del derecho cautelado por el procedimiento central, el principal. La medida provisional va a durar un tiempo y llegado el momento de la sentencia esta se puede convertir en la sentencia o se puede extinguir. Ese es le carácter provisional de la medida. En este caso, estamos en un momento de supervisión de sentencia.

¿Qué significa eso?

El caso ya llegó a sentencia, lo único que estamos determinando es si el Estado ha cumplido con la orden de la sentencia misma. Entonces, no hay un momento posterior en donde la medida provisional se vaya a revaluar, confirmar o levantar. Podrían haber dicho “si es que pasa tal cosa, la medida cautelar deja de existir”. Existe un debate entre los mismos jueces de la corte sobre si se debería poder interponer medidas cautelares en este momento procesal de supervisión de sentencia, porque ya hay sentencia. El juez Vigo dice que no, el juez Sierra dice que sí pero que en este caso no debería interponerse esta medida. Si se puede o no se puede, en términos generales, no importa tanto. Lo que importa es que en este caso, archivar un procedimiento no es una medida provisional, no hay la posibilidad de que se pueda “desarchivar el caso”, eso es una sentencia.

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