lunes 12 de febrero, 2018

Pena de muerte: ¿puede el Congreso retirarnos del Pacto de San José?

Lectura de 2 minutos
Roberto Vieira
Fuente: Difusión

El congresista independiente Roberto Vieira ha presentado una moción exhortando al Poder Ejecutivo a denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (pacto de San José) con el propósito de introducir la pena de muerte en nuestro país para violadores sexuales de menores de edad.

El Pacto de San José fue suscrito por el Estado peruano en julio de 1977 y ratificado un año después. En el inciso 2 de su artículo 4º se establece que: “[No] se extenderá [la] aplicación [de la pena de muerte] a delitos a los cuales no se aplique actualmente”. Por lo tanto, introducir la pena de muerte para violadores sexuales de menores implicaría una violación a lo acordado en la Convención Americana.

Las facultades del Congreso

“La moción exhorta al Ejecutivo, que maneja las políticas externas, para que denuncie el Pacto de San José que no ha traído ningún beneficio al país sino a los terroristas”, manifestó Vieira.

Para el experto en derecho internacional Alonso Gurmendi, “Exhortar’ es una frase declarativa que carece de efecto legal. El Congreso no puede obligar al presidente a hacer algo donde el presidente tiene potestad constitucional”.

Además, el abogado cita el inciso 11 del artículo 112 de la Constitución: “Corresponde al presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales”. Asimismo, el artículo 57 establece que “la denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República”.

Según Vieira, la moción tiene carácter vinculante porque el Congreso representa a la población.

Aquí puedes leer la moción completa:

¿Cuánto demoraría todo el proceso?

En caso se decida en algún momento que el Perú salga de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el proceso de retirarnos y aprobar la pena de muerte no es corto. Según el portal especializado Enfoque Derecho, esto tardaría 3 o 4 años siguiendo estos pasos:

  1. Denunciar el pacto con un preaviso de al menos un año.
  2. Reformar el artículo 140º de nuestra Constitución, pasando por las dos legislaturas ordinarias exigidas por la Constitución.
  3. Modificar el Código Penal y el Código Procesal a fin de concretar la aplicación de la medida.

Sobre la relación entre el Pacto de San José y la Corte IDH, Gurmendi indicó que están vinculados, por lo que retirarnos del Pacto implicaría también salir de las competencias jurídicas de la Corte.

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