La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó hoy que ha abierto una investigación preliminar sobre Venezuela. Según la institución, las averiguaciones se centrarán en el uso de “fuerza excesiva” por parte de funcionarios policiales y efectivos militares contra manifestantes opositores.
De igual forma, la institución informó que también se profundizará en las denuncias sobre detenciones arbitrarias y presuntas torturas. Fatou Bensouda, la encargada del caso, explicó que la investigación reconstruirá los hechos ocurridos durante las protestas del año pasado entre abril y julio.
Declaración de la Fiscal de la #CPI #FatouBensouda sobre la apertura de exámenes preliminares en #Filipinas y #Venezuela https://t.co/9LI6HcgSde
— Int’l Criminal Court (@IntlCrimCourt) 8 de febrero de 2018
¿Quiénes son investigados?
La Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia están en el ojo del huracán. Luisa Ortega Díaz, la antigua fiscal que se rebeló contra el chavismo, denunció que la mayoría de los asesinatos de manifestantes ocurrieron a manos de policías y militares.
Por otro lado, los agentes de inteligencia han sido acusados de torturar a disidentes y opositores detenidos. Human Rights Watch publicó un comunicado el año pasado donde se recopilan testimonios de golpizas, violaciones e interrogatorios a base de descargas eléctricas o privación de atención médica.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) también documentó los abusos y concluyo que el régimen venezolano tiene “una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”.
Este es el nivel de brutalidad con el que operaron las fuerzas de seguridad venezolanas durante la represión de 2017. La comunidad internacional debe asegurarse que los responsables por los abusos sistemáticos en #Venezuela sean llevados ante la justicia. https://t.co/Q0saTJ9TL5 pic.twitter.com/3AyQF3Fe5u
— HRW Venezuela (@HRW_Venezuela) 20 de enero de 2018
Informe de HRW: https://media.hrw.org/index.asp?ID=HQWDX&lang=ENG&showEmbargoed=true
¿Crímenes de Lesa Humanidad?
Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, aseguró durante el año pasado que existen crímenes de lesa humanidad en Venezuela. De acuerdo con el Estatuto de Roma, un crimen de lesa humanidad es “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”.
Entre los ataques sistemáticos documentados por la prensa, incluido el equipo de Diario Altavoz, en el país caribeño se encuentran el uso de munición irregular y disparos de cartuchos de gas lacrimógeno a quemarropa. Estas últimas prácticas causaron muertos y heridos en las filas opositoras.
Alfredo Romero, catalogó las muertes de jóvenes en protestas como crímenes de lesa humanidad https://t.co/x0aGHdpx1h pic.twitter.com/ZxaRmFaLX9
— CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 22 de junio de 2017
Juan Pablo Pernalete fue asesinado el 26 de abril del 2017 durante una manifestación contra Nicolás Maduro. Tras el incidente, el Ministerio Público confirmó que el joven murió producto del impacto de una bomba lacrimógena que fue lanzada por un efectivo militar contra su cuerpo.
Aunque la mayoría de las víctimas de los ataques de bombas lacrimógenas solían ser activistas y manifestantes opositores, las fuerzas de seguridad del Estado también fueron responsables de disparar contra civiles. En el siguiente video se evidencia el tipo de heridas causadas por este ataque.
#VIDEO Policia disparó bomba lacrimógena en la cara a encargado de una estación de servicios en Las Mercedes | NTN24 pic.twitter.com/dRvYlmVWyk
— Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) 1 de junio de 2017
Además de este patrón de represión, Amnistía Internacional reveló que el chavismo ordenó realizar allanamientos masivos y sin orden judicial contra edificios que albergaban opositores. Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas.
De acuerdo con el reporte de la organización, seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a bandas paramilitares ligadas al partido socialista, irrumpían en las casas en busca de manifestantes opositores. Dichos allanamientos iban acompañados de agresiones, robos y amenazas.
Denunciaron allanamientos y detenciones en San Antonio de Los Altos, #NoticiasEnVIVO por: https://t.co/KBefeRDJb4 pic.twitter.com/JeDU2KOkud
— VIVOplay (@vivoplaynet) 22 de mayo de 2017
