El nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos por la presidenta Dina Boluarte ha desatado una ola de cuestionamientos, avivando la controversia en un contexto político ya tenso. Santiváñez, quien fue vacado meses atrás por el Congreso debido a su cuestionada gestión como ministro del Interior, enfrenta acusaciones de tráfico de influencias, abuso de autoridad y encubrimiento, además de un impedimento de salida del país hasta noviembre de 2026.
La decisión de Boluarte, quien previamente lo designó asesor del despacho presidencial y de la SUCAMEC, ha sido interpretada como una provocación del Ejecutivo hacia el Legislativo. Congresistas como Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, han criticado duramente este retorno, calificándolo como una muestra del “talante antidemocrático y autoritario” del gobierno. “Las cosas siempre pueden estar peor”, señaló Luque, recordando la deficiente gestión de Santibañez en el Ministerio del Interior.
El nombramiento también ha sido vinculado a los recientes ataques de Boluarte y Santiváñez contra la Fiscalía y el Poder Judicial, en un momento en que la presidenta abogaba por una reforma en el sistema de justicia. La designación de Santibañez, quien también ocupó el cargo de jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental en Palacio de Gobierno, evidencia, según críticos, la intención de Boluarte de priorizar lealtades políticas por encima de los cuestionamientos éticos y legales.
Aunque no existe un impedimento legal expreso para que un ministro censurado asuma otra cartera, el precedente de Betssy Chávez bajo el gobierno de Pedro Castillo, quien tras ser censurada como ministra de Trabajo fue nombrada ministra de Cultura y luego presidenta del Consejo de Ministros, refuerza las críticas sobre la falta de transparencia y responsabilidad en estas decisiones.
El regreso de Santiváñez al gabinete ha generado un rechazo generalizado, consolidando la percepción de que el gobierno de Boluarte continúa actuando con impunidad y desafiando la institucionalidad del país.
