(EDITORIAL): El fin de la presunción de inocencia
Opinión
FUENTE: Luis Centurión

2017-12-05 07:00:00

Altavoz 

Hace unos meses, en este diario decíamos que no todos somos Graña y Montero y que los culpables de la corrupción debían ser condenados. Sin embargo, no se puede aceptar el uso abusivo de la prisión preventiva.


Hubo alguna época en la que en el mundo se permitían los castigos sin sentencia. En la que el poder del soberano era absoluto y la presunción de inocencia un dulce deseo romántico. Las injusticias que se cometieron en nombre de la lucha contra el crimen fueron innumerables y la aristocracia se inventaba delitos para perpetrar las peores crueldades contra personas inocentes. Si eras inocente y no querías "confesar" el delito del que te acusaban, los administradores de la "justicia" habían inventado todo tipo de torturas para hacerte decir lo que querían oír. Así, miles de familias vieron sufrir a sus seres queridos y cientos de personas padecieron dolores arbitrarios.

Cuando llegó la modernidad, todo esto empezó a cambiar. Las democracias, se supone, no sancionan a quien no ha sido encontrado culpable. El poder del Estado se empezó a limitar, se crearon las garantías procesales y la presunción de inocencia se volvió un pilar del sistema jurídico. Después de todo, lo importante era proteger al inocente y no destruir la vida de los ciudadanos. Las personas tienen familias, tienen una vida que nadie puede arruinar si es que no se ha probado su culpabilidad y el sistema de justicia debe servir para evitar el sufrimiento injustificado. Al fin y al cabo, un sistema penal injusto es una amenaza para todos: hoy, puede ser José Graña, pero mañana puede ser tu hijo, tu madre o tu nieto la víctima de un poder abusivo y desproporcionado.

Y sí, decimos José Graña porque la decisión del juez Richard Concepción es una aberración jurídica, una muestra de que a dos siglos de la independencia no hemos entendido que entre los principales fines del sistema de justicia está proteger a los acusados. En este diario, hemos sido firmes críticos de lo que ha ocurrido con Odebrecht e incluso hemos dicho en un editorial que no todos somos Graña y Montero. Sin embargo, el afán de justicia no nos puede llevar a avalar la injusticia y los abusos de poder. Los culpables de la corrupción de nuestro país, que robaron dinero que debió ser utilizado para construir hospitales, escuelas o solucionar el problema de la anemia, deben pagar. Pero deben pagar una vez que hayan sido encontrados culpables y sus delitos comprobados.

En el Perú, sin embargo, se hace un uso abusivo de la prisión preventiva, en cárceles que no responden a los criterios mínimos de salubridad y seguridad. Se utiliza la prisión preventiva por razones políticas y como si fuera una condena anticipada, del mismo modo que en las épocas bárbaras en las que existía la tortura. La prisión preventiva, lo dice nuestra propia normativa, es una medida excepcional, que únicamente debe ser utilizada cuando no existe otra medida que pueda evitar la fuga o impedir la obstrucción de la investigación. Y, en este caso, al igual que en el de Nadine Heredia y Ollanta Humala, se podía utilizar el impedimento de salida del país o el arresto domiciliario.

Que se use sin justificación la prisión preventiva, apartando a personas de sus familias cuando no se sabe si son culpables y se las encierre en cárceles bajo condiciones inhumanas no es un triunfo de la justicia, sino la completa claudicación de nuestro Poder Judicial a hacer bien su trabajo.

Por si alguien aún cree que este no es un problema, en el Perú existen más de 4 mil personas que llevan más de cinco años encerradas en prisiones sin haber recibido sentencia. ¿Cómo esto puede ser permisible bajo los estándares de la presunción de inocencia? No lo es en lo absoluto. En el Perú la justicia es un chiste, pero no solo porque se libera a los delincuentes, sino porque se encierra a personas cuyos delitos no han sido probados. Hoy, como decíamos, puede ser José Graña, mañana quizás ustedes o nosotros.


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