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La corrupción puede no ser propia de la izquierda o la derecha, pero debemos optar por el sistema que minimice las posibilidades de los corruptos; y ese definitivamente no es el que exige un Estado intervencionista.

No ha pasado ni un año desde que Dilma Rousseff fue destituida de la presidencia de Brasil, pero ya se habla de la posibilidad de una nueva destitución en la principal economía de América Latina. De acuerdo al diario O Globo, uno de los más importantes de Brasil, el presidente Michel Temer fue grabado avalando la compra del silencio de Eduardo Cunha. ¿Quién es Eduardo Cunha? El exjefe de la Cámara de Diputados, expromotor de la destitución de Dilma (que terminó con el ascenso de Temer) y hoy ciudadano preso por un caso de corrupción vinculado a Petrobras.  

El caso de Temer debería llevarnos a reflexionar sobre un asunto que se estuvo discutiendo en nuestro país hace algún tiempo: si la corrupción es propia de la izquierda o derecha; si es liberal o estatista. Esto porque Temer es un político de derechas que entró en reemplazo una presidenta de izquierda como Dilma Rousseff. Si se comprueban las acusaciones que se están haciendo contra el mandatario brasileño, tendríamos una prueba más de que la corrupción no es propia de ningún sector del espectro ideológico. Si la derecha tiene a Michel Temer, la izquierda tiene al Partido de los Trabajadores de Brasil como una organización infestada por la corrupción. Si la corrupción ha sido posible en modelos más favorables al libre mercado como lo fue durante el fujimorato, también lo ha sido en Venezuela, Brasil y Argentina.

Antes que tratar de adjudicar el fenómeno de la corrupción a determinadas ideologías políticas, deberíamos aprender de todos estos ejemplos y asumir que se trata de un mal presente en cualquier modelo. Personas corruptas las hay de todos los partidos y no existe ideología política que sea inmune a los delincuentes. Sin embargo, la aceptación de este hecho debe llevarnos a la siguiente pregunta: ¿cómo hacemos para reducir las posibilidades de corrupción?

La respuesta, aunque obvia, no suele ser tan evidente para todos: reducir el papel del Estado en la economía a lo estrictamente necesario. Si no fuera por la existencia de una gigantesca empresa estatal de petróleo como Petrobras, no se hubiera originado todo el esquema de pagos a políticos y corrupción privado-estatal que corrompió todo el sistema público de Brasil. En nuestro país los escándalos de corrupción más sonados de los últimos meses se han dado en relación a grandes obras públicas de las que participó Odebrecht como el Metro de Lima y la carretera Interoceánica. La solución, por supuesto, tampoco podría haber sido que estas obras las haga el Estado sin participación privada: no tenemos el dinero y las empresas públicas suelen ser fuente de corrupción (¿o ya olvidamos el primer gobierno de García?).

Si bien es cierto que nuestro país aún requiere de obras públicas que deben ser financiadas por el Estado como hospitales, carreteras y escuelas, debemos ser conscientes que somos un país con instituciones débiles y con un problema transversal de corrupción. Pedir el reforzamiento de las empresas públicas como suele hacer el congresista Manuel Dammert, la nacionalización de las industrias extractivas o la expansión del Estado como se proponía en el programa del Frente Amplio sería abrir las puertas al robo del dinero público. En realidad, deberíamos velar porque el Estado se retire de áreas que no le competen (¿por qué postulamos a organizar los Panamericanos?) y establecer controles férreos para que no se gaste un sol sin justificación. La corrupción puede no ser propia de la izquierda o la derecha, pero debemos optar por el sistema que minimice las posibilidades de los corruptos, y ese definitivamente no es el que exige un Estado intervencionista.