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Fuerza Popular parece no tener ningún interés en seguir los lineamientos de la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. La prohibición de la retroactividad es un derecho elemental de todo ser humano, no un obstáculo que se pueda ignorar para limpiar la imagen de un grupo político.

Se supone que Luis Galarreta es abogado de profesión. Se supone que tras varios años en el Congreso y para llegar a ser el vocero de la bancada de Fuerza Popular debería tener un conocimiento mínimo de cómo funciona la justicia en el Perú. Sin embargo, sus palabras muestran de que no tiene idea de lo que está hablando. Ni él ni su partido. En el peor de los casos, sabe que lo que dice es absurdo e inconstitucional, pero miente porque le es conveniente a él y a Keiko Fujimori.

Ayer, en nombre de Fuerza Popular, Galarreta dio una entrevista en la que aseguró que si su partido votó para que no se investigue en el Congreso el caso Sodalicio es porque desean "sanciones efectivas". ¿Cómo entonces haría el fujimorismo para que se sancione a los sodálites que abusaron de menores? Según el vocero naranja, harán que la violación de menores sea un delito de lesa humanidad (lo que lo convertiría en imprescriptible) y crearán el marco jurídico para que esta norma se pueda aplicar retroactivamente (es decir, a delitos cometidos en el pasado, cuando la norma no existía). En otras palabras, como a Luis Fernando Figari no se lo puede sancionar por abuso de menores debido a que el delito ya prescribió, quieren cambiar la norma y aplicarla a hechos anteriores a que esta existiera.

Esto es una barbaridad jurídica por donde se lo mire. Para empezar, la propuesta del fujimorismo es imposible. Aplicar la ley retroactivamente está prohibido por la Constitución peruana, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fuerza Popular no solamente tendría que reformar la Constitución, sino retirarnos de los pactos y cortes internacional. El Perú tendría que convertirse en un país al margen del derecho internacional para poder hacer lo que desean los fujimoristas. Al igual que Corea del Norte o cualquier otra dictadura de ese tipo.

Y es que, impedir la aplicación retroactiva de la ley es un principio esencial del derecho moderno. Esta prohibición sirve para que los gobiernos no puedan condenarnos por lo que se les dé la gana. La idea de tener un Código Penal en el que aparezcan los delitos y sus sanciones es que las personas sepamos cómo debemos de actuar. Si el gobierno pudiese aplicar las leyes penales retroactivamente, habría una absoluta incertidumbre jurídica. Cualquier delito podría ser aprobado por el Congreso y luego aplicado a personas que actuaron siguiendo los dictados de la ley. Ninguna democracia que se preste haría algo semejante, pues ello es propio de déspotas y dictadores.

Después de los crímenes que se cometieron en la década del 90, el fujimorismo ha tratado de distanciarse de su pasado oscuro. Ahora, dicen, son defensores de la institucionalidad, el estado de derechos y los derechos humanos. Sin embargo, las declaraciones de Luis Galarreta son realmente preocupantes. Fuerza Popular parece no tener ningún interés en seguir los lineamientos de la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos. La prohibición de la retroactividad es un derecho elemental de todo ser humano, no un obstáculo que se pueda ignorar para limpiar la imagen de un grupo político.