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Venezuela, bajo el mando del chavismo, ha pasado progresivamente a convertirse en una más de las muchas dictaduras que hemos sufrido en América Latina. Una que esperemos llegue pronto a su final.

La situación en Venezuela es cada vez más grave. A la crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos se le suma el autoritarismo del gobierno que, lejos de cumplir con las demandas de los organismos internacionales y las organizaciones de Derechos Humanos, está recrudeciendo sus tácticas. Ayer, Nicolás Maduro anunció la creación de un "Comando Nacional Antigolpe" que será presidido por Tareck El Aissami, un ex gobernador criticado por reprimir a los disidentes del régimen.

Pero, ¿qué hará exactamente este nuevo "Comando Nacional Antigolpe"? Según Maduro, este nuevo comando se dedicará "las 24 horas del día a tomar las medidas preventivas, legales y correctivas contra todos los sectores golpistas y terroristas a nivel interno, a nivel político, a nivel económico y a todo nivel". En otras palabras, será el organismo que se encargará día y noche de arrestar, denunciar y amedrentar a quienes se opongan al régimen.

La creación de este comando por parte del chavismo llega luego de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (el equivalente al Congreso peruano), Julio Borges, señalara que los diputados de la oposición trabajarán para que haya elecciones este año. Lo que busca hacer la Asamblea Nacional es declarar el abandono del cargo de presidente por parte de Nicolás Maduro. Esto porque el heredero de Hugo Chávez habría abandonado su cargo al violar continuamente la Constitución.

Estos intentos de la oposición por convocar elecciones es lo que desde el chavismo se califica como "golpismo". Lo cierto, sin embargo, es que antes que un intento de "golpe" lo que existe en Venezuela es un gobierno que no permite que los venezolanos hagan uso de los propios mecanismos que la Constitución ha establecido para remover a un presidente. Hace varios meses, la oposición venezolana viene intentado convocar a un referéndum para que sean los venezolanos quienes decidan si Maduro debe continuar o ser revocado del cargo. No obstante, con una sentencia absurda del Tribunal Supremo, el régimen ha impedido que se haga uso de este mecanismo democrático antes del 10 de enero, fecha límite para que el referéndum revocatorio implique nuevas elecciones. A partir del 11, Maduro puede ser revocado, pero de suceder esto su vicepresidente –El Aissami- asumiría automáticamente el cargo.

Lo que ocurrió con el referéndum fue que el Tribunal Supremo agregó un requisito sin base constitucional para impedirlo. De acuerdo a la Constitución venezolana, para revocar a un funcionario se debe reunir el 20% de las firmas de la "correspondiente circunscripción". Esto, se entiende, se aplica para funcionarios locales pues no tendría ningún sentido que el alcalde de Caracas sea revocado por personas que viven en Carabobo. Sin embargo, en el caso del presidente, que es elegido por voto universal sin importar el lugar en el que vivas, lo que no tiene sentido es pretender que se reúna un número de firmas equivalente al 20% de la población en cada estado. Debería bastar con el 20% de la población total de Venezuela.

Así, lo que tenemos en Venezuela es un gobierno que aunque pretenda venderse como una democracia, en sus actos aplica métodos dictatoriales que van recrudeciéndose con el tiempo. Impedir que se convoque a un referéndum revocatorio es equivalente a impedir que se celebren las elecciones presidenciales; y el "Comando Nacional Antigolpe" es solo un eufemismo para la persecución de los enemigos políticos del régimen. Venezuela, bajo el mando del chavismo, ha pasado progresivamente a convertirse en una más de las muchas dictaduras que hemos sufrido en América Latina. Una que esperemos llegue pronto a su final.