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"Parecería que los sodálites sienten que la cosa no es con ellos y que los abusos cometidos son incidentes ajenos al actual sistema institucional, que todavía sigue en funciones. O tal vez creen que ninguno de los sodálites aún en actividad haya cometido abusos de ningún tipo".

«Dado que la historia de la víctima pone en peligro el matrimonio de los padres, la reputación de la institución, la paz de la comunidad, no hay ningún interés en abrirse al relato de la víctima. La víctima vive peligrosamente, porque con su experiencia pone en peligro el sistema en el cual vive. De este modo, debe ser “sacrificada”, obligada a guardar silencio. “Nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca,” dice Caifás en el Evangelio de Juan para justificar la sentencia de muerte de Jesús. Justamente esta lógica banal sacrifica a los afectados por abusos sobre el altar de la institución, del sistema familiar, de la buena fama de la escuela. En esta lógica la víctima aparece insignificantemente pequeña y la institución, gigantesca. Y de este modo la víctima se convierte en sacrificio.

El sacrificio es la continuación del abuso. La violencia contra quienes están bajo custodia, precisamente en su forma particularmente grave de violencia sexual, se vuelve violencia estructural en el momento en que quienes forman parte del sistema cierran los oídos a la voz de la víctima».

Estas palabras forman parte de un artículo publicado el 4 de abril de 2010 por el jesuita Klaus Mertes, protagonista principal de la ola de destapes de abusos sexuales que se inició en Alemania en enero de 2010, cuando el mismo Mertes, siendo rector del Colegio Canisio de Berlín, conversó con algunos ex-alumnos que habían sido víctimas de abuso sexual en esa entidad educativa y decidió enviar una carta a los alumnos egresados de varios promociones, pidiéndoles disculpas en caso de que hubieran sido víctimas de un par de sacerdotes jesuitas que habían cumplido labores docentes en la institución.

Lo que vino después fue una ola de revelaciones de casos de abusos sexuales a nivel de toda Alemania. Abusos había habido no sólo en el Colegio Canisio, sino también en otras instituciones educativas jesuitas. Otros casos emblemáticos de dimensiones masivas fueron el del Colegio de la Abadía de Ettal (Baviera), a cargo de los benedictinos; la Escuela de Odenwald en el estado de Hesse, un centro educativo experimental laico; el internado de los Gorriones de la Catedral de Ratisbona (Baviera). Y esto era sólo la punta del iceberg, pues abusos sexuales individualizados habían ocurrido en todas las diócesis alemanas.

Y si bien el 30 de marzo de ese año Mertes fue felicitado por Mons. Stephan Ackermann, obispo de Tréveris, en nombre de la Conferencia Episcopal Alemana por «haber abierto una puerta y haber vencido el silencio hasta entonces reinante», él mismo experimentaría una especie de reprobación indirecta y subterránea por parte de varias instancias eclesiásticas, que terminaría con la decisión de sus superiores de sacarlo de Berlín y enviarlo en septiembre de 2011 como rector al Colegio St. Blasien en una localidad apartada de la Selva Negra. Aparentemente, su decisión de sacar a luz los abusos de los que había tenido conocimiento y comprometerse con las víctimas en calidad de representante de la institución victimaria es algo mal visto en la Iglesia Católica. Pues el destino de las víctimas es el sacrificio. Y junto con ellas deben ser sacrificados aquellos que tomen partido a favor de ellas.

No otra ha sido la estrategia que ha aplicado sistemáticamente durante el último año el Sodalicio. Si bien la institución ha admitido oficialmente a través de su Superior General Alessandro Moroni que hay víctimas, hasta ahora no se ha presentado ningún dato concreto al respecto: cuántas son, quiénes son los victimarios, qué tipo de abusos se cometieron, etc. Sus declaraciones se han dado sólo como reacción ante información publicada previamente en la prensa escrita, en las redes sociales y en otros medios online. Parecería que los sodálites sienten que la cosa no es con ellos y que los abusos cometidos son incidentes ajenos al actual sistema institucional, que todavía sigue en funciones. O tal vez creen que ninguno de los sodálites aún en actividad haya cometido abusos de ningún tipo. Todos los delitos habrían sido perpetrados por el iniciador de la vaina, Luis Fernando Figari —ya declarado persona non grata por Moroni— o por individuos que ya no pertenecen a la institución. Supuestamente, para el Sodalicio del momento presente esos problemas pertenecerían al pasado.

Sin embargo, todavía no han tomado conciencia de que el problema central ni siquiera se podría reducir a las inconductas de algunos miembros o ex-miembros. Se trata de un problema estructural, donde los abusadores han actuado en el marco de las condiciones generadas por la misma ideología y la disciplina sodálite. Se trata de una situación que afecta los derechos humanos de quienes hemos pasado por la institución e incluso de aquellos que todavía siguen en ella.

Pues en el Sodalicio se ha atentado contra la integridad física y psicológica de muchos, que han sido sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Se ha dado un trato preferencial a algunos y discriminado a otros en razón de su procedencia étnica. Se ha inculcado una mentalidad misógina que minusvaloraba a las mujeres en general. Se ha transmitido e incentivado la homofobia, a la vez que algunos sodálites con cargos de responsabilidad se aprovechaban de la condición homosexual de algunos miembros para someterlos sexualmente o extorsionarlos psicológicamente. Se ha explotado laboralmente a muchos sodálites, haciéndolos trabajar gratuitamente, sin beneficios sociales y sin darles información de ningún tipo sobre sus derechos laborales. Se ha impedido a muchos estudiar una carrera que estuviera de acuerdo con sus capacidades y su vocación profesional, indicándoles que su futuro al respecto se debía regir por la obediencia hacia los superiores y por lo que éstos decidieran. A nivel institucional, no se ha proveído de seguro médico ni de jubilación a nadie, ni siquiera a quienes habían hecho una promesa de permanecer a perpetuidad en el Sodalicio. Se ha restringido la vida privada de los sodálites a su mínima expresión. Se ha dañado considerablemente las relaciones de muchos miembros y ex-miembros con su familia natural, en algunos casos de manera irreparable. Se ha limitado de manera extrema el derecho a la libertad de opinión y de expresión —que incluye el derecho a comunicar o recibir informaciones—. Se ha atentado contra la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, interceptando cartas, abriéndolas sin permiso del destinatario o manteniendo un sistema de control informático sobre las casillas de correo electrónico de los miembros, sin conocimiento ni autorización de éstos.

Y por último, en numerosos casos se ha desatendido el derecho a la reparación e indemnización de las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Pues el procedimiento de reparaciones instituido por el Sodalicio ha sido en general una farsa, una cortina de humo para sacarse el problema de encima pero sin atender verdaderamente a los requerimientos morales del bien y la justicia. Comenzando por el hecho de que ha sido el misterioso “comité de reparaciones” del Sodalicio quien ha decidido quién es víctima y quién no. ¿Desde cuándo se considera legítimo que sea la institución victimaria —y no una entidad independiente— la que decida quiénes son sus víctimas? ¿Cuando se ha visto que sea el inculpado el que determine quienes han sido objeto de su acto delictivo y quiénes no?

La Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, comisión independiente convocada por el Sodalicio, reconoció en su quinta recomendación “la condición de víctimas [...] a través de los respectivos informes individuales” de los casos que habían analizado. ¿A cuánto asciende el número de víctimas reconocidas por la Comisión? No lo sé exactamente, pero no hace mucho tiempo conversé con una persona que me confió que él era el caso 168. Y no había sido el último en declarar ante la Comisión.

El Sodalicio, en cambio, ha dejado de reconocer a varias de estas personas como víctimas, sin informarles sobre las razones y criterios que llevaron a esta conclusión. Las indemnizaciones ofrecidas en algunos casos, teniendo en cuenta el daño generado, han sido ridículas y ofensivas. Algunas víctimas dañadas gravemente que estaban recibiendo ayuda periódica han dejado de percibirla. Y dejando de lado las indemnizaciones económicas, en lo que se refiere a reparaciones morales el asunto ha sido también lamentable. Hay víctimas que no han recibido ninguna disculpa por escrito de ningún representante del Sodalicio y aquellos a los que sí se les ha enviado una carta suelen recibir por lo general un texto estándar donde no se especifica los abusos concretos de los que fueron víctimas y, por lo tanto, de qué se les está pidiendo disculpas.

Las víctimas incomodan porque ponen en cuestión a la institución. Pero ellas no tienen la culpa de que les hayan hecho lo que les hicieron. Aún siendo inocentes, son sacrificadas en el altar de la buena imagen de una institución que no se la merece. Y de esta manera, el abuso continúa.